En el Tolima no alcanzamos el umbral en la Consulta Anticorrupción, pero no fue por falta de motivos, sino aparentemente por flojera, falta de tamal o simple desconocimiento de lo que allí se jugaba. Razones de sobra tenemos los tolimenses de rechazar en un solo grito los casos de corrupción, no solo por el sonado desfalco de los Juegos Nacionales en Ibagué, sino por la cantidad de líos jurídicos que han tenido varios alcaldes y exalcaldes de diferentes municipios del departamento.
El reciente caso del ex burgomaestre de Alvarado, y que venía laborando como Subdirector ambiental en Cortolima, es solo uno de los muchos, en donde se utiliza un cargo de elección popular para desangrar el erario. Tres delitos le fueron imputados al liberal Yesid Fernando Torres, pues celebró más de 12 contratos con contratistas fantasmas. Entre ellos peculado por apropiación, falsedad en documento público, y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.
A ese caso se le suma, el del ex alcalde de Rovira, Diego Guerra, que casi en simultánea, fue capturado por cuenta de los desvíos de un cheque a sus arcas personales, que debieron ser consignados a un contratista de la administración municipal, a quien solamente se le pagó una cuenta de las cinco que debían facturársele. Aunque lo esfumado no representan más de 14 millones de pesos, el hecho constituye más de tres delitos, que en un país que reclama a gritos sanciones contra los corruptos, es un buen precedente, que la suma de lo robado, en este caso no haya influido positivamente para una casa por cárcel.
Como esos, hay muchos antecedentes, y otros casos sin resolver, como el del ex alcalde de Herveo, José Albeiro Herrera, quien aparentemente se apropió de casi 100 millones de pesos en un contrato para celebrar las fiestas del pueblo. También está el lio jurídico del alcalde de Prado, Álvaro González, quien a través de la urgencia manifiesta otorgó un puente por más de 2000 millones, e intentó culpar sin éxito a su antecesor por sus triquiñuelas.
Aunque faltan muchos otros casos en donde se han conocido denuncias por cuenta de malos manejos a los dineros públicos, la seguidilla de los ex alcaldes en líos, no solo representa que en el Tolima la corrupción está entre nuestras narices, pero nada pasa, porque algunos se acostumbraron a aquellas prácticas, sino también que sí es posible luchar contra eso.
La imputación de cargos hecha al alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, también hay que agregarla a la lista, en donde esperamos que la justicia obre justamente. Insistimos en que la lucha contra la corrupción no debe distinguir colores, ni partidos o movimientos políticos, y es tarea de todos, insistir en ello.
Comentarios