Los servicios médicos en Ibagué suscitan un momento angustiante desde hace varios meses. Una a una han ido cerrando las emblemáticas clínicas de la ciudad, principalmente por la misma causa, no llegan los ingresos, y pareciera que la salud en la capital del Tolima muere lentamente ante la vista de todos. Las deudas de las EPS han sido el factor determinante para el mal momento, pero también las malas administraciones, y la corrupción, que en Colombia, logra matar más gente que las mismas enfermedades.
El cierre de la clínica Minerva en el año 2015 y con más de 60 años de historia, así como la terrible situación del Federico Lleras Acosta, el cierre de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos que funcionaba en la clínica de Calambeo, y recientemente el sellamiento de la Clínica Esimed, han convertido los servicios médicos en nuestra ciudad, en toda una agonía, pues los pacientes no solo de esta capital, sino algunos remitidos desde los municipios, y que encontraban aquí una solución a problemas más complejos que no pueden ser tratados allá, han tenido que salir del departamento a buscar atención médica.
A todos esos inconvenientes, además de los problemas del mismo sistema, como la negación de exámenes o medicamentos, las largas esperas, los paseos de la muerte, entre muchos otros obstáculos que enfrentan los colombianos cuando de acudir al médico se trata, se le suma el cierre del servicio de urgencias de la recién inaugurada Clínica de Medicádiz. El factor dinero una vez más hace de las suyas, y lamentablemente, las deudas de las EPS que ascienden a más de 20 mil millones de pesos, obligan a dicho centro asistencial a cerrar a partir del próximo 1 de diciembre.
Se estima que cerca de 4 mil personas venían acudiendo cada mes a Medicádiz, y aunque suene horroroso decirlo, los servicios de urgencias no son nada rentables para los hospitales. Medimás con 6.500 millones, Sanidad Militar con 4.000, la Nueva EPS con 1.400, y Sanitas con 800 millones, hacen parte de la lista de morosos de Medicádiz, pero también de las demás clínicas, como es el caso del Federico Lleras, quien está próximo a cumplir nuevamente su periodo de intervención.
Pese a que el gobernador Óscar Barreto se ha reunido recientemente con el Ministro de Salud, así como el Concejo de Ibagué y la Asamblea del Tolima, han hecho una agenda conjunta con el fin de interceder ante la crisis, todo parece indicar que la venta de la sede de Limonar es inminente, pues la agente interventora, ha manifestado que, en caso de no hacerse la subasta, habrá que liquidarlo. ¡Qué descubrimiento!.
Estamos de acuerdo con Barreto en que no es recomendable recibir nuevamente el Federico, hasta tanto no se solucione su gran déficit, y celebramos que el Alcalde Jaramillo haya solicitado tramitar la exención del impuesto Predial para el Federico.
Duele decirlo, pero la salud en Colombia no es un derecho, sino un negocio, y en Ibagué, tenerla, hoy pareciera un tesoro.
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