l trasteo de electores es una práctica delictiva que no logra erradicar la democracia colombiana. Por el contrario, cada vez muta, se degrada.
La Misión de Observación Electoral MOE, Organismo encargado de vigilar la legalidad y la ética de los procesos electorales, ha denunciado y advertido sobre trashumancia electoral en por lo menos 10 municipios del territorio tolimense. Los ojos están puestos en las localidades de Prado, Ambalema y Piedras, donde, según la MOE, la alerta es máxima porque ya hay allí más votantes que ciudadanos habituales de esos municipios.
El Código Penal Colombiano tipifica once delitos electorales que son catalogados como la conducta o la omisión de una o varias personas contra la objetividad, igualdad, transparencia y libertad del sistema electoral; quebrantando el derecho al voto que tienen todos los ciudadanos en ejercicio.
La trashumancia electoral o fraude en la inscripción de cédulas, una de las conductas ilegales más frecuentes con las que se afectan las elecciones en Colombia, tendrá cárcel de cuatro a nueve años y multa de 50 a 200 smmlv, según el Código Penal.
En municipios pequeños, con bajo número de habitantes, la trashumancia de votantes es un delito catastrófico para el futuro de esas localidades, porque terminan eligiendo a los gobernantes quienes no tienen arraigo, origen y sentido de pertenecía allí. Seguramente, sólo visitan ese municipio el día de las elecciones y no vuelven.
Por delitos como este, y muchos otros, el sector político goza de alto desprestigio entre los ciudadanos. Denunciar con pruebas y argumentos, ayudaría a las autoridades a cerrarle el paso a este adefesio de la democracia.
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