Como era de esperarse, las declaraciones entregadas por la excongresista Aída Merlano a una jueza venezolana causaron gran impacto en la opinión pública, que no termina de expresarse por los medios de comunicación y las redes sociales sobre si es verdad o es mentira lo dicho por la exsenadora. Pero dentro de estas especulaciones, luego de su sonada detención, su condena, fuga y posterior captura en Venezuela, hay una gran verdad que quedó de manifiesto con este caso y es una práctica que por décadas han atestiguado los ciudadanos en las zonas de votación y que la prensa ha denunciado hasta el cansancio: la corrupción electoral que desde hace tiempo copó todos los espacios de la democracia colombiana.
La prófuga fue condenada a 15 años, entre otros delitos, por el de corrupción al elector y ella, bien sea como estrategia de defensa o como una manera de no condenarse sola, ha menospreciado su propia participación en lo que presentó como una especie de depurada y multimillonaria red de compra de votos que, ratificó Merlano, existe en todo el país, aunque aseguró que solo puede hablar con conocimiento de causa de lo que ocurre en la costa Caribe.
Con nombres y apellidos, lo que hizo la excongresista fue señalar personas y conductas que los colombianos conocemos, como lo han hecho centenares de veces Vanguardia y otros medios, que han denunciado por décadas esta práctica, sin que se haya visto que la justicia logre avanzar un ápice frente al cúmulo de delitos electorales que ocurren a plena luz del día cada vez que comienzan y terminan las elecciones en Colombia.
El grado de verdad o falsedad en las declaraciones e incluso gravísimas acusaciones de Aída Merlano lo determinará la justicia, si es que formaliza sus denuncias con documentos escritos, audios y videos, tal y como lo anunció; pero más allá de sus supuestas persecuciones el país necesita rescatar la democracia y romper con esas prácticas ilegales que se convirtieron en la normalidad electoral. Lo que más convendría a nuestro maltrecho sistema electoral es que se aproveche la crisis que ha precipitado la excongresista y se saque a la luz pública todo aquello que ha constituido delito contra el sufragio, todo lo que ha manchado las manos de muchos de quienes llegan a las posiciones más altas del Estado a cerrar con el candado de la impunidad el círculo vicioso de la corrupción en Colombia.
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