Es muy lamentable para el país entero, que reclama de los servidores públicos el mayor cumplimiento y sacrificio en las actuales circunstancias, lo que ocurrió con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, registrado en videos por varios ciudadanos, en momentos en que la mandataria, en compañía de su esposa, la senadora Angélica Lozano, hacían compras en un supermercado capitalino, contraviniendo normas tanto de la misma López como del presidente Duque sobre el aislamiento preventivo obligatorio.
Claramente no tienen coherencia estas imágenes con la lucha que la alcaldesa López ha liderado contra la corrupción y el rechazo a los privilegios que otorga el ostentar un alto cargo del Estado. Claudia López reconoció su error y se disculpó con los bogotanos: “La infracción de ir con Angélica al supermercado la reconozco con humildad, ofrezco excusas a la ciudadanía y acato el comparendo”, dijo, y debió ser el final de un hecho, que ojalá le haya dejado una clara lección a la alcaldesa. Pero ahí no terminó.
En efecto, la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Francisco Barbosa, anunció que abrirá indagación preliminar a la Alcaldesa de Bogotá, por presunta violación de la medida sanitaria de aislamiento preventivo, lo que, de inmediato, causó una muy fuerte reacción de casi todos los sectores y líderes políticos, incluso de sectores de oposición a la misma Claudia López, quienes rechazaron la decisión de la Fiscalía, al calificarla como un intento de judicializar la política y trasladar a instancias judiciales los desacuerdos que han existido entre el presidente Duque y la alcaldesa de la capital de la República por las medidas que deben tomarse frente a la pandemia.
Nada bueno va a quedar si se insiste en el absurdo enfrentamiento entre la Presidencia y la autoridad capitalina, y mucho menos si a esta disputa entra la Fiscalía. No se trata de que Claudia López reciba tratamiento especial de parte de los entes de control. Más que merecida una sanción por infringir las normas de la cuarentena, pero eso es muy distinto a judicializar esta falta como un crimen. Lo que está en juego aquí es la salud y la vida de decenas de miles de personas, y lo que urge es que las agrias diferencias entre el Presidente y la Alcaldesa de Bogotá pasen a una fase de entendimiento, prudencia y cordialidad, porque así lo exige la grave situación que vive especialmente la capital.
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