Desde 2011, cuando se comenzó a hablar en nuestro país de las asociaciones público privadas para ejecutar obras de infraestructura, en los departamentos de Caldas y Tolima se contempló la posibilidad de mejorar y rehabilitar la carretera entre Cambao - Manizales, y se planteó esta como una vía alterna a la Línea, para conectar a Bogotá e Ibagué con el eje cafetero.
El proyecto, que tiene un costo de $1.1 billones y una longitud de 256 kilómetros, como ya es usual en nuestro medio, ha sufrido múltiples dificultades. En un comienzo, porque se consideró que era inviable en su aspecto financiero y en segundo lugar, porque en su trazado se encuentra una zona de protección especial como lo es el Parque Nacional Natural de los Nevados. En 2015, se firmó al acta de inicio de la obra, pero se frenó porque Parques Naturales Nacionales de Colombia había advertido sobre las afectaciones ambientales que podría causar una intervención en el tramo Murillo - La Esperanza, que atraviesa un área protegida. En aquella ocasión el entonces vicepresidente de Gestión Contractual de la ANI indicó que, atendiendo las observaciones de Parques Naturales, en ese sector no habría ampliación de la vía. Más adelante, en 2018, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible negó la sustracción de la Reserva Forestal Central en el tramo mencionado; finalmente, a comienzos de este año se informó que se había aprobado la licencia para construir el tramo que pasa por el Parque Nacional.
Ahora, el Tribunal Superior de Ibagué declaró el parque Nacional Natural de los Nevados como sujeto de derechos. En consecuencia, ordenó que se debe preparar un plan para su recuperación, manejo, mantenimiento y conservación, que debe ser presentado en un término de cinco meses. El fallo afecta el proyecto vial, pues para el Tribunal no es claro cuáles son los alcances de la obra en el área de protección especial, por lo cual ordenó al concesionario que se abstenga de intervenir allí, hasta cuando exista certeza sobre la viabilidad ambiental del proyecto.
Es inaudito que obras que se planifican para construirse en pocos años terminen ejecutándose en el doble o el triple de tiempo estipulado, pero lo más grave es que apenas comienzan se deben paralizar, porque carecen de los permisos y licencias exigidos por ley. ¿Es exceso de tramitología? ¿Desconocimiento de la normatividad de por parte de los constructores? ¿Los planes ambientales no se tienen en cuenta en el momento de presentar los proyectos? Y con respecto a la licencia otorgada a esta obra por el Ministerio de Ambiente: ¿no tuvo en cuenta lo que ahora exige el Tribunal? ¿Qué aprobó el Ministerio?
Es lastimoso que otro proyecto esperado por tanto tiempo por los tolimenses sufra tal cantidad de tropiezos.
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