Desde los primeros días de octubre se evidenciaron señales de alarma por el significativo aumento de casos de Covid-19 en Ibagué y el resto del Departamento. Algunas alcaldías debieron dejar de atender al público al registrar contagios entre sus funcionarios; así mismo, agremiaciones de trabajadores denunciaron que en las entidades no se estaban adoptando los protocolos establecidos para evitar los contagios, que los elementos de bioseguridad, como gel antibacterial, alcohol y tapabocas, eran insuficientes para garantizar la protección de funcionarios y público, y que no se respetaban los aforos establecidos. También se conocieron quejas de ciudadanos que indicaban que no se estaban tomando las muestras a las personas sospechosas de haber contraído la enfermedad. En el Jardín de los Abuelos, que alberga 190 adultos mayores, se registraron 73 casos y ocho personas fallecieron.
La situación se tornó tan preocupante que, el pasado lunes, la Procuraduría General de la Nación requirió al Alcalde de Ibagué para que rinda un completo informe acerca de los planes adoptados por su administración para atender la emergencia, y le dio un plazo de tres días para entregar su reporte. Los mandatarios local y departamental debieron rendirse ante la evidencia y ese mismo día anunciaron que se impondrán de nuevo medidas restrictivas ante la indisciplina social.
Volverán los toques de queda nocturnos y la ley seca durante los fines de semana, y se solicitará permiso para aplicar de nuevo el pico y cédula en las entidades bancarias. Además, se pedirá autorización al Gobierno nacional para declarar la alerta roja hospitalaria, con el fin de disponer de las camas UCI de los centros asistenciales públicos y privados.
La indisciplina no se limitó a reuniones sociales o paseos de río. Esta situación ocurrió a la vista de todos. Basta con recordar las aglomeraciones en la Secretaría de Movilidad, en donde no se guarda ninguna medida de protección y no se practica el distanciamiento físico, y en las plazas de mercado, donde no existen protocolos de bioseguridad.
Los anuncios de las limitaciones a la movilización de los ciudadanos causaron preocupación entre los empresarios, que piden que las medidas restrictivas no afecten las labores del sector productivo. Por eso piden, como ya se había propuesto desde estas páginas en diversas ocasiones, que se emprendan campañas educativas para que los ciudadanos se convenzan de la necesidad de la autoprotección; además, proponen trabajar con los líderes comunales para evitar reuniones y fiestas en los parques y zonas comunes de los barrios, y verificar que las normas de distanciamiento y protección se apliquen en centros comerciales, bares y demás establecimientos comerciales. Estas actividades deben contar, además, con el acompañamiento permanente de patrullajes de la policía y de las autoridades de salud.
Esperamos que en esta ocasión las autoridades locales hayan tenido tiempo para planificar las acciones que se deben seguir, y no comiencen a expedir medidas confusas y contradictorias que solamente causan desinformación e incertidumbre.
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