aunque los derechos de los niños están por encima de los demás, según la Constitución, los menores son obligados a trabajar, y son excluidos, abandonados, maltratados, abusados y asesinados; lo más lamentable es que sus victimarios son sus familiares más cercanos, que son quienes deberían protegerlos en primer lugar: padres, abuelos, tíos, amigos de la familia y cuidadores. Es por eso que recibimos con optimismo la aprobación del proyecto de Ley 401 de 2021, que reglamenta la prisión perpetua para abusadores y asesinos de niños.
La violencia contra los niños se volvió normal en nuestro país. Las espeluznantes cifras de abuso de menores así lo demuestran: la Fiscalía recibió, entre 2013 y 2020, 71.832 denuncias por acceso carnal abusivo con menor de catorce años; Medicina Legal, por su parte, reporta que, en promedio, atiende 64 casos diarios de violencia sexual en que las víctimas son niños. El número de asesinatos no es menos alarmante: 579 niños fueron asesinados en 2020 y, lo más penoso, es que los homicidas, en la mayoría de los casos, fueron sus propios padres.
La norma recién aprobada reglamenta la denominada Ley Gilma Jiménez, bautizada así en honor a la exconcejal de Bogotá y exsenadora, fallecida en 2013, que dedicó gran parte de su vida a defender los derechos de los niños y desde 2004 destinó sus energías a promover un referendo para imponer la cadena perpetua para los violadores de menores.
Se espera que la aprobación de la ley y su reglamentación sirvan, por una parte, para disuadir a los potenciales violadores o asesinos de niños y, por otra, si logran ser encarcelados, conseguir que estos criminales sean alejados de por vida de los menores.
Sin embargo, es inquietante la impunidad reinante en los casos de violencia sexual contra menores que llega, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), al 98 %. Esto se atribuye a que el número de acciones penales desborda la capacidad de los jueces y les impide ocuparse de estas denuncias con prontitud, lo cual lleva a que los expedientes se queden por meses y años en los anaqueles sin ser atendidos.
Si además de la Ley, los jueces y fiscales tienen las herramientas necesarias para cumplir a cabalidad su labor será posible que las normas cumplan su propósito; de lo contrario se convertirán en letra muerta.
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