Hace cerca de un lustro el país se conmovió e indignó con la historia de Sarita, una niña de tres años de edad que murió como producto de las múltiples agresiones de las que fue víctima en el último año de su vida, cuando su mamá decidió entregarla en custodia a sus padrinos, Edilberto Rojas Torres y Ángela Johana Guerrero.
Esta tragedia ocurrió en Armero-Guayabal. Durante algunos meses de 2017, los ojos de los colombianos estuvieron puestos en este municipio, desde donde día a día los medios de comunicación revelaban los escabrosos detalles del trato infame al que fue sometida Sarita, pues, además de ser torturada, golpeada y mal alimentada, fue abusada sexualmente de manera reiterada.
En aquellos días fue preocupante saber que el calvario de la niña fue prolongado y que las autoridades de salud tuvieron conocimiento de la violencia que se ejercía en su contra, como quiera que fue llevada al hospital regional de Líbano, tan solo un par de meses después de residir con sus padrinos, con signos evidentes de maltrato y desnutrición, pero fue devuelta a este hogar y no se efectuó ningún tipo de seguimiento; así mismo, existe un proceso en contra de la entonces comisaria de Familia de Armero-Guayabal, por su actuación negligente frente a las alertas que se emitieron en su momento por los posibles abusos.
El caso vuelve a la memoria porque la Sala penal del Tribunal Superior de Ibagué ratificó la condena en contra de los padrinos de la menor. A la madrina se le impuso una pena de 39 años de prisión y el padrino deberá purgar 13 años. Sin embargo, en el juicio no se pudo establecer quién o quiénes violaron a la niña, por lo cual no hubo condenas por abuso sexual.
No obstante del dolor y la indignación que el caso despertó en aquella época, esto no se vio reflejado en acciones contundentes por parte de las autoridades y de la misma sociedad para proteger a los infantes, ni en la creación de programas que prevengan estas situaciones. Basta saber que en Colombia se reportan al día 260 casos de violencia contra los menores y lo más grave es que en el 72 % de estos hechos, los maltratadores se encuentran en su entorno familiar.
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