El histórico fallo de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto ha de impulsar a la sociedad colombiana a reflexionar sobre la valía de la educación sexual y reproductiva, y la garantía del derecho a la salud, pues de su éxito depende la prevención embarazos no deseados.
Es un hecho que los colombianos inician cada vez a más temprana edad su vida sexual, pero en los hogares y en los colegios (sobre todo los de clases menos favorecidas) los jóvenes no encuentran orientación adecuada acerca de la educación sexual y reproductiva, desconocen sus derechos y tampoco se les garantiza el acceso a los métodos de anticoncepción, pese a que así lo establece el Ministerio de Salud.
El embarazo adolescente afecta, principalmente, a las poblaciones de menos recursos económicos, de las zonas rurales, indígenas y afrodescendientes, lo cual implica que estas jóvenes deben abandonar sus estudios y salir en busca de trabajo, que por causa de su escasa preparación no será bien remunerado, con lo cual el ciclo de pobreza se repite y la brecha social aumenta.
Es justo reconocer que el país ha avanzado en materia de la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, pero aún persisten dificultades, en especial en los sectores de menos ingresos. Los adolescentes de familias más pobres desconocen sus derechos, la mayoría no utiliza métodos anticonceptivos y es allí donde se presentan con mayor frecuencia los embarazos no deseados.
Es por eso que con estas poblaciones, que están plenamente identificadas, es preciso que se desarrollen programas que permitan acceder a la educación sobre esta materia, para que los jóvenes puedan decidir sobre su sexualidad, de manera libre, informada y sin presiones. Se requiere que desde los colegios y en las familias se hable francamente acerca de estos temas, pero, además, que los jóvenes reciban orientación y puedan obtener los servicios de salud a que tienen derecho.
También es fundamental que los servicios de Profamilia se puedan brindar sin obstáculos, en los lugares más apartados y vulnerables, pues es allí donde más se requiere la asistencia, la información y el acceso a métodos seguros y eficaces de anticoncepción que además deberían ser gratuitos y sin limitaciones.
Volviendo al fallo, es claro que el aborto no es una práctica anticonceptiva. Es por eso imperioso que las instituciones adelanten acciones que permitan a todas las personas acceder a los servicios relacionados con la salud reproductiva sin cortapisas.
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