La Defensoría del Pueblo reportó 98 eventos violentos en 86 municipios de 24 departamentos. De ellos, 77 hechos ocurrieron después de elecciones. En su mayoría (42%), los desmanes obedecieron al desconocimiento de los resultados electorales y en segundo lugar (29%) a situaciones relacionadas con supuestas anomalías como el fraude electoral.
La Misión de Observación Electoral (MOE), por su parte, recibió 767 reportes sobre presuntas irregularidades relacionadas con delitos electorales en 232 municipios de 30 departamentos. Las quejas provinieron, principalmente, de Bogotá (158), Antioquia (122), Bolívar (59), Cundinamarca (57), Tolima (43) y Santander (35). La Procuraduría, además, advirtió que en algunas regiones aún existe tensión, por lo cual persiste el riesgo durante la realización de los escrutinios.
En el Tolima los desórdenes más graves sucedieron en Santa Isabel, Palocabildo, Honda, Purificación, Flandes y Coello, pues hubo inconformidad con los resultados, que se atribuyeron a posibles fraudes.
El defensor del pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado a respetar los resultados de las votaciones y pidió a los ciudadanos inconformes que, en lugar de emplear las vías de hecho, acudan a los instrumentos legales y, sobre todo, que no se dejen usar por los que quieren aprovecharse de la situación, para alterar la decisión popular, valiéndose de métodos ilegales. En el mismo sentido se pronunció la MOE que, además, invitó a los líderes de los movimientos y partidos políticos a que se pronuncien de manera clara y contundente para rechazar los actos de violencia.
La pugnacidad, la circulación incontrolable de información falsa sobre candidatos y candidaturas, la polarización y los rumores sobre fraudes impactaron el ánimo ciudadano, hecho que fue capitalizado por terceros de mala fe que consiguieron exaltar los ánimos.
Tienen razón la Defensoría y la MOE, hay que aceptar los resultados, pues la jornada estuvo vigilada, la Registraduría ha mejorado sus procesos para brindar mayor transparencia y eficiencia, y existen los cauces legales que brinda la institucionalidad para presentar reclamaciones e inconformidades. Pero, ante todo, es preciso rechazar con firmeza el uso de la violencia.
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