La lucha contra la minería en Cajamarca se remonta al año 2007, cuando el entonces presidente Álvaro Uribe hizo el anuncio de la existencia de una mina de oro en dicho municipio (una de las más grandes del mundo), que sería explotada por la multinacional Anglogold Ashanti. Desde entonces se encendieron las alarmas en la población por el daño ambiental que podría causar la minería a cielo abierto en un territorio que se caracteriza por ser una reserva hídrica y gran productor de alimentos.
La oposición de los cajamarcunos, en su mayoría campesinos que viven de labrar la tierra, fue reconocida y respaldada por los ambientalistas y los tolimenses que apoyaron esta causa con su participación activa en la marcha carnaval que se cumple cada año en junio, desde 2008, por las calles ibaguereñas y que convoca a estudiantes, docentes, campesinos y activistas provenientes de todos los rincones del Departamento.
En 2013, Piedras ya había realizado una consulta popular, por lo cual otros municipios que no querían la minería en sus territorios siguieron el ejemplo. Fue así como el 26 de marzo de 2017 Cajamarca votó no a la minería y en mayo el alcalde sancionó el acuerdo 003 de 2017, que adoptó la consulta.
Por diversos caminos se ha tratado de revertir la decisión de los cajamarcunos. Ahora se conoció una demanda en contra del Acuerdo 003 de 2017, que fue fallada en primera instancia por el Juzgado Segundo Administrativo de Ibagué, que ratificó la validez del acuerdo aprobado por el Concejo de Cajamarca. No obstante, en 2018 y en 2019, la Corte Constitucional profirió sentencias, según las cuales, el subsuelo es propiedad de la Nación y en los territorios no se puede decidir sobre su uso, por lo cual las consultas populares carecen de validez. No obstante, en este caso el juez señaló que dichas sentencias fueron posteriores al acuerdo del Concejo de Cajamarca y no se pueden aplicar.
“Al momento de expedir el acuerdo municipal 003 de 2017, no solo las normas constitucionales y legales daban la autonomía al municipio de Cajamarca para adelantar la consulta popular de iniciativa popular, sino que las sentencias dictadas en la materia, hasta entonces, constituían un precedente pacífico y reiterado frente a la protección del medio ambiente y las garantías de la descentralización territorial, así como de las competencias frente al uso del suelo y subsuelo, y las decisiones frente a la vocación extractivista de los territorios, como decisión propia dentro del ejercicio de la participación ciudadana”, indica el fallo del juez Segundo Administrativo de Ibagué.
Aún no está todo dicho sobre la minería en Cajamarca, pero este es un gran paso para darles la razón a los habitantes de dicha población que quieren conservar su vocación agrícola.
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