Andenes para el cañón del Combeima

En los últimos años, el crecimiento de residentes en el cañón del Combeima, sumado al aumento de los visitantes, ha transformado las necesidades de esta vital zona de Ibagué. Se calcula que unas 15.000 personas habitan los centros poblados que hay entre La Vega y Juntas. Además, cada fin de semana ingresan miles de ibaguereños y en los puentes festivos y las temporadas vacacionales el número se incrementa, pues son muchos los que se interesan por disfrutar los paisajes y las actividades recreativas y deportivas que encuentran en el cañón. Así mismo, a diario se desplazan trabajadores que son contratados en los restaurantes y otros establecimientos que hay a lo largo del camino; es decir, estos ya no son caseríos despoblados, sino que hacen parte de la urbe, por su dinamismo comercial y turístico.

La Gobernación está a cargo de la pavimentación y mantenimiento de la vía, porque esta hace parte de la red secundaria del Departamento, pero ante el crecimiento de la población y la gran afluencia de visitantes, se hizo evidente la necesidad de contar con andenes que garanticen la seguridad de los peatones.

La realidad es que el tránsito peatonal es bastante difícil y peligroso, debido a la gran cantidad de vehículos que circulan por esta vía, en especial durante los fines de semana, haciendo que los transeúntes pongan en riesgo su seguridad.

Debido a esto, la Personería de Ibagué interpuso una acción popular en la que solicitó el amparo de los derechos al goce del espacio público y la utilización y disfrute de los bienes de uso público por parte de los habitantes del cañón. La vía no cuenta con andenes para garantizar la libre circulación de los peatones, y los pocos existentes no cuentan con las especificaciones técnicas requeridas.

En sentencia del pasado 30 de noviembre, el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito le dio la razón a la Personería y, en consecuencia, le ordenó a la Gobernación que dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria del fallo realice un estudio técnico que establezca la mejor alternativa para la construcción de andenes y espacios de circulación en los centros poblados existentes entre La Vega y Juntas. Una vez hecho el estudio, la Gobernación deberá contratar y adelantar las obras requeridas. Adicionalmente, en los lugares donde no sea posible construirlos deberá buscar la mejor alternativa para que los peatones circulen con seguridad.

Eso le da a la Gobernación un plazo de cerca de cuatro años para el estudio y ejecución de las obras, si el fallo no es revocado en segunda instancia. Mas, es preciso que así no hubiera sentencia de por medio, esta una necesidad que no se puede dejar a un lado, ya que esta es un área en constante crecimiento, en la que también se deben garantizar los derechos ciudadanos.

EDITORIAL

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