La norma causó revuelo en el Tolima. La alcaldesa electa de Ibagué, Johana Arana, expuso su preocupación y señaló, en su cuenta de X: “Nuestros parques y colegios no pueden ser la casa de los jíbaros y el consumo de drogas. Tan pronto me posesione como alcaldesa de Ibagué revisaré cada uno de los decretos existentes para proteger a nuestra niñez y juventud del microtráfico en las calles". También el mandatario seccional, Ricardo Orozco, sostuvo que “eso abre la puerta a fortalecer las redes de microtráfico y narcotráfico del país”, mientras que los mandatarios de Líbano, Jesús Antonio Giraldo, y de Mariquita, Juan Carlos Castaño, manifestaron que con esta medida se está perdiendo la batalla contra las drogas.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, por su parte, explicó que se ajustó la normatividad a las sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que han establecido que el porte de la dosis personal no se puede sancionar. Además, que el propósito es que la Policía se concentre en la localización de los expendios y la captura de los traficantes.
El presidente Gustavo Petro también intervino para aclarar el alcance del decreto, y señaló que los delitos de tráfico y venta de estupefacientes siguen vigentes, y que se trata de perseguir a los capos del narcotráfico y no a los consumidores. Así mismo, afirmó que “la prohibición de consumo en lugares públicos lo debe establecer cada municipio. También esto es mandato de la Corte Constitucional, que acatamos y con la que estamos de acuerdo”. Es decir, que en Ibagué continúa vigente el decreto 0185 de la Alcaldía que prohíbe el consumo de alcohol y sustancias alucinógenas en parques y escenarios públicos.
El temor de los mandatarios es razonable, por cuanto consideran que la derogación del decreto podría ser aprovechada por los expendedores de sustancias ilícitas para continuar traficando; sin embargo, el director de la Policía, general William Salamanca, sostuvo que “la Policía no está atada" y que "la prioridad son los jíbaros y lugares de distribución”.
Adicional al decreto será necesario replantear las estrategias para conseguir que los menores estén alejados de estas sustancias y de qué forma cambiarán los operativos policiales para llegar a los centros de distribución. Así mismo, cómo se atenderán los consumidores, teniendo en cuenta que su situación es tratada como un problema de salud pública, por lo cual tienen derecho a una atención integral, y si se intensificarán los programas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas.
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