de diciembre, son 185 los líderes y 44 los firmantes de paz asesinados.
En el Tolima fueron tres los líderes sociales asesinados: el defensor de derechos juveniles y de la infancia Carlos Andrés Torres Gutiérrez asesinado en Chaparral, el 30 de abril; el líder comunal de Fresno Francisco Javier López Parra, el 11 de junio, y el líder político de Honda Leandro Sánchez Rojas, el 4 de agosto. Dos de los 44 homicidios de firmantes de paz ocurrieron en el Tolima: Miller Laud Jiménez Rada, en Rovira, el 4 de julio, y Cenober Aguiar Mayor, en San Antonio, el 29 de octubre.
Según el reporte de la Defensoría, en ocho departamentos se concentra el 66% de los homicidios de líderes sociales (Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Córdoba, Bolívar, Norte de Santander y Putumayo). La mayor parte de los crímenes se cometen en los lugares con presencia de grupos armados ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el ELN y las disidencias de las FARC, territorios en los que hay disputas de poder por minería ilegal, cultivos ilícitos o son corredores del narcotráfico. El año más letal para los líderes sociales fue el 2022, cuando se cometieron 215 homicidios.
Para la Defensoría del Pueblo, es alarmante que 69 de los líderes que han sido asesinados este año fueran voceros de sus comunidades, que buscaban soluciones a los problemas básicos de su entorno. El impacto de estos crímenes no solo recae en las familias de las víctimas, sino que los grupos armados que los cometen persiguen también acallar a las comunidades e impedirles que continúen reclamando sus derechos.
Las personas que trabajan en pro de los grupos sociales más vulnerables deben gozar de una protección especial por parte del Estado, ya que su única arma son sus argumentos y por eso no pueden ser silenciados. Las actuaciones de los últimos gobiernos por garantizar la vida de los líderes sociales han sido insuficientes y se requieren acciones más contundentes para resguardarlos de los violentos. Hay que parar este desangre.
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