Una ‘auditoría’ efectuada al Ibal sobre el proceso del Acueducto Complementario, presuntamente revelaría irregularidades y determinaría si hay lugar a que se inicien acciones de carácter judicial contra funcionarios y contratistas que intervinieron en los contratos y el proyecto.

Dicha revisión la pagó el abogado Orlando Arciniegas, apoderado del consorcio Acualterno (responsables de la instalación de los primeros 4.7 kilómetros de tubería). Pero ¿es legal?, ¿con este documento se podría comprobar ‘fugas’ de dinero? o ¿Arciniegas se está tomando atribuciones de un ente de control?

El informe

La ‘auditoría’ en cuestión, según indica el documento entregado por Arciniegas Lagos a EL NUEVO DÍA, la efectuó el ingeniero Germán Rivera Céspedes en septiembre de este año.

El objeto fue establecer las inversiones, estudios y documentos existentes en el Ibal sobre el Acueducto Complementario.

Igualmente, determinar si los estudios que se han tenido en cuenta para realizar el proyecto cumplen o no con las normas RAS, NSR 98 y NSR 10 (…). También para establecer si las inversiones del Ibal en el Acueducto han cumplido con los planes y metas propuestas en el programa aprobado por la Junta Directiva de la empresa.

¿Cómo se efectuó?

De acuerdo con Arciniegas la información se obtuvo a través de dos derechos de petición radicados en junio de 2013. “Al Ibal se le solicitó que nos entregara copia de documentos como observaciones de los posibles oferentes, actos administrativos, prepliegos, estudios y análisis de conveniencia proferidos por los comités evaluadores, documentos de Fonade y del Ministerio de Vivienda para poderlos estudiar”.

Entre tanto, el secretario General del Ibal, Ricardo Arroyo, a través de un derecho de petición enviado por esta casa editorial, respondió: “Al interior de nuestra empresa no se ha ordenado auditoría particular u oficial sobre el Acueducto Complementario”.

No obstante, confirmó que a dicha dependencia llegaron derechos de petición por parte del abogado Orlando Arciniegas Lagos, “las cuales fueron atendidas oportunamente y dentro de los términos previstos por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Cpaca)”.

Mientras tanto, el director de Control Interno del Ibal, Óscar Eduardo Castro Morera, refirió que tenía conocimiento de la auditoría pagada por el abogado Arciniegas, porque en una reunión de Junta Directiva se socializó.

“A esta oficina no se le solicitó información para dicha auditoría. Así mismo es importante mencionar que en esta oficina no reposa información relacionada con el tema y no tenemos conocimiento acerca de los funcionarios que estuvieron atentos al trabajo de esta auditoría”.

¿Auditoría?

El documento presentado por Arciniegas Lagos se le dio el nombre de ‘auditoría’, pero ¿es correcto llamarlo así?

Según Arciniegas, el Código Contencioso Administrativo determina que un particular puede elevar peticiones para solicitar información, documentos y pedir explicaciones.

Y agregó: “La palabra auditoría significa auditar, revisar y estudiar, de manera que yo puedo como particular hacer un trabajo de estudio. El ingeniero que la hizo la llamó ‘auditoría’, la hubiéramos podido llamar una revisión, pero eso no es un término exclusivo de la función pública ni es un abuso”.

Sin embargo, el contralor de Ibagué, Edwin Riaño, al ser consultado por este tema, refirió que las auditorías sólo son competencia de los órganos de control.

“Frente a la auditoría que hace referencia debo decir que la Contraloría desconoce documento alguno al respecto, pero si esta se ha practicado con la participación e intervención de funcionarios del Ibal, la misma bien podría dar mérito para que se inicie las actuaciones disciplinarias y penales respectivas.

“Esto ante la posible extra limitación de los funcionarios y usurpación de funciones que por mandato legal únicamente le corresponde al órgano de control fiscal”.

De otro lado, una fuente oficial de la Fiscalía, que pidió reserva del nombre, explicó que el documento que presenta Arciniegas es un elemento material probatorio, que se convertirá en prueba cuando el caso se lleve ante un juez.

“El abogado demandante puede presentar ese documento en la audiencia, porque allí se llevan todas las pruebas. Pero para este caso puntual, Arciniegas tiene que acreditar que quien elaboró el documento es una persona idónea.

“Y la Fiscalía tiene dos opciones: una es que acoja este documento y posteriormente se lleve a cabo una audiencia de imputación o si se genera duda del mismo, la Fiscalía ordena que se ejecute un peritazgo, es decir, que un especialista verifique toda la información en la entidad (en este caso Ibal), porque eso lo permite la ley”.

¿Qué menciona?

En los apartes del documento se menciona por ejemplo que los ingenieros Bosco Hernando Chicaiza Rivas y Luis Ricardo Salcedo Góndola, han sido “conocedores de irregularidades del proyecto, las cuales no fueron denunciadas oportunamente a las autoridades para detener un proceso altamente desgastante y oneroso para el Ibal.

“Ellos le deben una explicación a la empresa y a la comunidad”.

De igual forma, se menciona en varias oportunidades al exgerente del Ibal, José Alberto Girón, pero aquí surgen varias inquietudes: ¿Por qué casi no se relacionan otros exgerentes?, ¿será que ellos no fueron responsables en el retraso de las obras y en nada tienen que ver las presuntas irregularidades? o ¿acaso será una cortina de humo de Arciniegas contra Girón como él mismo lo ha denunciado?

Frente a este punto Arciniegas esgrime que para la época en que Alfredo Bocanegra (hoy representante a la Cámara) era gerente del Ibal, José Alberto Girón fue el interventor del primer contrato celebrado con Inpro en 2005 y del contrato celebrado con la misma empresa en 2007.

“¿Por qué se le relaciona a Girón en el cuento?, porque fue el interventor del contrato con Inpro en el 2005, del cual no entregaron estudios y nunca aparecieron en el Ibal; es decir, que no aparecen los productos, pero sí los pagaron.

“Y después suscribió otro contrato con Inpro para la gerencia del proyecto cuando ni siquiera se había comprado la tubería”.

A pesar de esto, el ingeniero Girón en reiteradas ocasiones ha afirmado que los estudios, existen.

Entonces, ¿los gerentes e incluso los alcaldes que intervinieron en el proyecto no tienen ninguna responsabilidad?. “Claro que algunos exgerentes como Alfredo Bocanegra, Ancízar Carrillo Reyes y Adolfo Gómez tienen que dar explicaciones sobre cómo suscribieron los contratos con Inpro.

“Y Libardo Gutiérrez tendrá que decir por qué se adjudicó un contrato sin haber tenido los planos y los diseños”, puntualizó Arciniegas.

En cuanto a los cuestionamientos hacia Hernando Chicaiza Rivas y Luis Ricardo Salcedo Góndola, Arciniegas mencionó que ellos le dijeron a su investigador que al momento de definir el valor total del proyecto, se tomó el presupuesto de 1997 y simplemente hicieron un incremento del 1.2 y el 1.4 por ciento a los precios.

“Chicaiza y Salcedo dieron las explicaciones al investigador sobre el papel que cada uno jugó en el proyecto, pero eso es algo que la Fiscalía deberá constatar” .

¿Credibilidad?

Dentro de las explicaciones que EL NUEVO DÍA le pidió al abogado Arciniegas al momento de entregar el documento, ¿cuál fue su intención al pagarle a un ingeniero para que ejecutara este trabajo, teniendo en cuenta que para algunos esta labor podría carecer de credibilidad?.

En primera instancia porque Arciniegas a pesar de que no representará legalmente al consorcio Acualterno en el tribunal de arbitramento (ver recuadro), desde el día de la adjudicación ha representado legalmente al mencionado consorcio.

No obstante, Arciniegas refutó que “con este informe soy un convencido de que la Fiscalía tiene que actuar, porque hay irregularidades que existen desde las mismas convocatorias hasta las adjudicaciones, así como el pago de contratos sin haber entregado los productos y haber cumplido con el objeto contractual”.

Y agregó: “Además también se buscaba determinar la génesis del proyecto y si eran cierto los titulares de EL NUEVO DÍA, sobre si en su momento se contrataron los mejores estudios, pues si eran tan completos, entonces ¿por qué no se tuvieron en cuenta para el contrato con Acualterno?

Esta redacción dialogó con José Alberto Girón, pero él advirtió que accedía a dar explicaciones por el respeto hacia esta casi editorial, ya que a su juicio “esta no es una auditoría legal y lo que se busca es crear cortinas de humo”.

En cuanto a los estudios de la firma Inpro y al contenido de la auditoría del abogado Arciniegas, ambos serán temas a tratar en la edición mañana.

Tribunal de arbitramento 

El Ibal y el consorcio Acualterno firmaron un compromiso para que un Tribunal de arbitramento resuelva las diferencias jurídicas surgidas entre las dos partes, con relación a la celebración y ejecución del contrato 060 de 2011.

Dicho compromiso arbitral será llevado en 10 días a la Cámara de Comercio de Ibagué. Una vez radicado allí, la entidad cameral designará a un árbitro.

El abogado Orlando Arciniegas es el abogado de Acualterno; sin embargo, para este caso ‘dará un paso al costado’.

“Yo me he retirado como asesor jurídico en este parte del proceso, porque aquí se va a armar un litigio.

“Y considero que es prudente retirarme, pues a pesar de que la Alcaldía no hace parte del litigio, el Ibal si es una entidad del Municipio y como tengo contrato con la Secretaría de Hacienda, daré un paso al costado, máxime cuando tengo otros encargos de la Administración municipal para desarrollar a través de la asesoría que presto”, dijo el abogado.

Respuesta a José Alberto Girón 

La auditoría menciona que la solicitud de documentos de estudios se le solicitó a la Secretaría General del Ibal, al igual que los documentos referidos al proyecto Acueducto Complementario de Ibagué. 

En un oficio del 6 de noviembre de 2013, el Secretario General del Ibal, Ricardo Arroyo, le respondió al exgerente José Alberto Girón, que “dando curso a la petición del asunto, por medio del presente escrito y estando dentro del término concedido para ello, me permito dar respuesta. “Se indaga por parte del peticionario, si el doctor Orlando Arciniegas Lagos adelantó en esta empresa una auditoría. Al respecto me permito manifestarle que al interior de nuestra empresa no ha sido autorizada, auditoría alguna a particular”.