Hacia las 10:00 de la mañana de ayer, 26 viviendas de la urbanización Nueva Castilla fueron recuperadas por orden judicial, luego que la tutela interpuesta por los adjudicatarios fallara a su favor.
Cerca de 100 policías, inspectores de Policía, comisarios de familia, funcionarios de la Secretaría de Gobierno, de Espacio Público y de la Dirección de Justicia, entre otros,  llegaron hasta al lugar para realizar la diligencia.
Varias familias que habían invadido los inmuebles de manera pacífica entregaron el inventario de las viviendas y retiraron sus pertenencias, las cuales trasladaban hasta los vehículos  que estaban disponibles para este propósito en los alrededores de la urbanización.

La diligencia
Pese a que el procedimiento se efectuó en completa tranquilidad, algunos ocupantes manifestaron que no les dieron tiempo para buscar un lugar en dónde vivir.
“Los invasores están entregando la casa, sin tener que  venirlos a sacar; pero el que no tiene tutela, ¿por qué lo van a venir a sacar?; si hasta ayer (jueves) llegó la orden de que tiene un desalojo, ¿por qué hoy (viernes) van a venir a desalojarlo?, le están violando el debido proceso. Lo que ellos (la Policía) han venido a hacer acá ha sido incorrecto, nosotros le hemos respetado las leyes pero ellos no nos han respetado a nosotros”, dijo Sandra Ramírez, una allegada de los desalojados.
Por su parte, Gina Paola Méndez, una de las invasoras que tuvo que abandonar la que fue su residencia hasta ayer, aseguró que a ella, al igual que las otras 25 familias, no le mostraron el documento que certificaba la orden de desalojo.
“Ayer (jueves) apenas me vinieron a notificar y ya hoy (viernes) me están sacando. No me han dado tiempo ni siquiera de buscar a dónde me voy a meter con mi hijo. No tengo familiares acá, soy sola con mi hijo. Si yo tuviera dónde meterme ya había entregado hace rato la casa porque soy consciente de que no es mía. Me dijeron que debo desalojar por el fallo de tutela y ni siquiera me trajeron un papel donde me diga que es así, sólo me mostraron un mapa indicándome las casas que iban a desalojar”, sostuvo la mujer.
Alejandro Vásquez, otro de los desalojados, coincidió con Méndez y dijo que hubo abuso de autoridad por parte de los integrantes de la Policía.
“A mi casi que no me dejaron desalojar, estaba con mi mujer y mi hija, ellos llegaron y entraron a la fuerza y me dijeron que me iban a judicializar porque me estoy robando la casa. Estoy desalojando porque sé que tengo que hacerlo, pero estaba sacando las cosas cuando llegaron los señores agentes con unos papeles diciendo ‘que venimos porque usted tiene dealojo, ábrame la puerta’, les dije muéstrenme la orden de desalojo porque sé a lo que tengo derecho y me dicen ‘es que no necesito orden y más tarde se la traigo’ y le pegaron la patada a la puerta y se entraron.  Me hicieron sacar las cosas a las malas. Nosotros necesitamos que nos solucionen este problema porque si vienen a atropellarnos nosotros también tomamos agresiones con ellos. No entendemos entonces cuáles son las defensas para nosotros, esas no son las soluciones que necesitamos”, expresó.
Los adjudicatarios
tendrían más propiedades
Sumado a lo anterior, otra de las invasoras señaló que algunos de los adjudicatarios tienen más propiedades en la ciudad y que son beneficiarios de Nueva Castilla, que es un plan de vivienda de interés social.
“Hay gente de acá que tiene tres o cuatro casas, incluso hay una casa en donde van a poner una panadería, nosotros averiguamos y sacamos un papel de ese señor y él figura con cuatro casas y panaderías en Ibagué. ¿Es justo que hagan esto con la gente, que los que no tenemos  nunca nos dan subsidio y los que sí tienen hacen bellezas? Más de uno de los propietarios vienen con unos carrazos los domingos y uno de pobre no tiene ni para una  libra de arroz. Algunos les hicimos mejoras a las viviendas, tenemos papeles de eso, y cuando ya teníamos las casas arregladitas ahí sí vinieron los propietarios a pelear las casas”, mencionó.
Entre tanto, otra de las residentes, aunque no fue desalojada, cuestionó la labor del Gobierno local.
“¿Cuál es el Gobierno que tenemos acá?, ¿cuál es la ayuda para el pobre?, aquí no se  ayuda al pobre sino al rico. Acá existen dueños de casas que tienen carro, casa y beca; los propietarios les han hecho hasta plancha a las casas y si fueran pobres, ¿vivirían como nosotros?”, se cuestionó.

La voz oficial
De acuerdo con el director de Justicia, Carlos Gómez, el operativo se realizó “para efectos de poderle entregar estas casas a la Gestora Urbana y que  la Gestora a su vez se las entregue a los adjudicatarios. Estamos haciendo prioritariamente también dos recuperaciones de dos viviendas las cuales, por orden de dos jueces, nos ordenan para que no entremos en un desacato: nos dan un término de tres días para poderlas recuperar, tal vez en los otros operativos se nos pasaron por alto estas viviendas o nos dieron mal las direcciones y, pues, vamos a recuperarlas en el día de hoy (ayer)”.
Igualmente, Gómez instó a los invasores a que entreguen las viviendas de manera voluntaria: “Volvemos a insistirles a los ocupantes de hecho que por favor las entreguen voluntariamente, que no es necesario que hagamos todo este operativo. La Policía y los inspectores de Policía tendrán que entrar a hacer un allanamiento  y desalojarlos de acuerdo a los mecanismos que nos da la misma ley. Aquí están el Ministerio Público y las comisarías de familia para poder preservar los derechos de los ciudadanos, de los niños, niñas y adolescentes. Aparte de las 26 que se recuperaron,  recibimos 10 casas que voluntariamente han querido unos ocupantes de hecho entregarlas, con las que desalojamos hoy (ayer) quedarían aproximadamente unas 140 por recuperar”, refirió.
En cuanto a los presuntos abusos de la Policía, el Director de Justicia aseguró que no hubo vulneración de derechos: “Nosotros somos el Estado, tenemos la ley y ademas tenemos la orden de un Juez de la República y no nos podemos sustraer cuando nos dice que tenemos que cumplir una orden judicial, es nuestro deber como funcionarios públicos. Nosotros no tenemos que venir a notificarles, ellos han sido notificados debidamente y lo que tenemos que hacer es el cumplimiento de eso. Creo que el ilegal no puede alegar vulneración de derechos cuando no los tiene. Independientemente de las condiciones de las personas nosotros no miramos eso, lo que miramos es el cumplimiento del fallo y su alcance, hasta ahí va la función de nosotros como autoridades administrativas”, señaló el funcionario.
A su turno el mayor Antonio Sierra, comandante del Distrito de Policía de Ibagué, explicó que en ningún momento hubo abuso de autoridad, porque el operativo contó con la presencia de la Casa de Justicia, comisarías de familia y otras instituciones para velar por los derechos de los desalojados; así mismo, refirió que en procedimientos anteriores los invasores han cogido como ‘escudo’ a sus hijos y adoptado comportamientos agresivos para impedir la diligencia, lo cual hace que la Policía actúe para garantizar la seguridad. Además, en el lugar hubo cámaras de video grabando el operativo que pueden certificar el procedimiento de la autoridad policial.

Dato
En medio del operativo un hombre fue detenido porque estaba hurtando elementos de viviendas que fueron desalojadas.