El debate de control político efectuado ayer a la gerente de la Unidad Salud de Ibagué, Diana Gaitán, por el arrendamiento de la Unidad de Salud del barrio Kennedy a la clínica Ana Lucía, dejó más adeptos que contradictores en el interior del Concejo.

El cabildante Pedro Mora se mostró a favor de que la IPS Ana Lucía preste sus servicios de segundo nivel en la sede, ya que el Municipio no cuenta con los recursos para asumir esta tarea.

De acuerdo con Mora, es en favor de los usuarios que esperan en las puertas de las clínicas a que se les preste el servicio, so pena que en casos han llegado a cobrar la vida de muchos de ellos.

Los concejales Carlos Andrés Portela, Harold Lopera y Jorge Bolívar formularon cuestionamientos a la presunta ‘tercerización’, modificación de la estructura y recursos percibidos por el arrendamiento de la sede.

De acuerdo con Portela, se invirtió nueve mil millones de pesos en la obra, fueron suprimidos cuatro centros de salud y ahora “se les dice a los ibaguereños que no los necesitábamos y que aún con la nueva estructura se arrendará a un tercero para prestar el servicio”.

De la misma forma, cuestionó por qué se suscribió el contrato sin tener la IPS la viabilidad por parte de la Secretaría de Salud del Tolima, que toma la decisión sobre si puede prestar servicios de segundo nivel en una entidad que es pública y le pertenece al Municipio. Además, constitruida para prestar servicios de primer nivel.

De otro lado, están las pólizas que aún están vigentes y que podrían verse afectadas por las intervenciones efectuadas por parte de la IPS.

Por su parte, Lopera indicó su preocupación por el personal que labora en la entidad pues no se deja claridad de si la IPS puede disponer de la planta que presta sus servicios en la USI.

Y el concejal Bolívar solicitó de manera concreta que los recursos percibidos por concepto del canon de arrendamiento sean reinvertidos en los habitantes del Sur.

Así mismo, que se asegure que la IPS Ana Lucía atienda solo a personal de régimen subsidiado.

La Gerente de la USI dejó claro que ya se ha establecidos diálogos con Caprecom y Salud Vida para que la IPS Ana Lucía pueda atender a los afiliados de ambas entidades de régimen subsidiado.

De la misma manera, que las pólizas no vencen, ya que solo se han efectuado adecuaciones y como el contrato lo establece en caso de que la IPS requiera llevarse los materiales utilizados en las obras podrá hacerlo sin que sufra daño alguno la propiedad y las que no puedan ser separadas serán parte del mobiliario de la USI sin costo alguno para el arrendador.

Y enfatizó en que los servicios de primer nivel continuarán prestándose de manera normal y por el personal adscrito en este momento a la entidad.

IPS Ana Lucía responde 

Andrea del Pilar Barrios, gerente de la clínica Ana Lucía, aseguró que el objeto de la misma está en solo atender a población del régimen subsidiado, ya que no pretende presentar incumplimientos en los mismos.

E informó que de acuerdo con el contrato firmado con la USI, la IPS entrará a cancelar el valor producto del arriendo una vez la Secretaría de Salud del Tolima otorgue viabilidad a los servicios que prestará.

Enfatizó también que solo ocuparán el tercer piso y un área de la primera planta equivalentes a un 45 por ciento del área total.

El establecimiento del canon de arrendamiento por valor de 30 millones de pesos se efectuó de acuerdo con un estudio elaborado con base en el área que se iba utilizar y la inversión efectuada en el equipamiento y el costo de las obras de infraestructura de la USI.

Así mismo, señaló que en cuanto al equipamiento y dotación, salvo camillas, atriles y mesas de noche, corresponde a la entidad adquirirlos ya que son de mediana complejidad.

“Nosotros obligatoriamente debemos que tener contratos de mantenimiento de infraestructura, dotación de quiepo de sinusmos y todo lo que nos entregue la USI lo debemos devolver en igual de condiciones de como no las entregaron”, concluyó la funcionaria.