El cabildante argumentó las inconveniencias técnicas del proyecto por los aforos en los que se basó la autoridad ambiental para entregar la concesión de agua y que distan de la realidad del caudal con que cuentan La Cristalina, El Rincón y la Pontezuela en la actualidad.

E hizo resferencia a la instalación de la línea de conducción sobre un carreteable atravesado por una falla geológica y que sufre de hundimientos constantes.

Sánchez comparó el actual proyecto con el Acueducto Complementario, no solo por su improvisación, sino porque este fue formulado en 1997 con una vida útil de 25 años y con un aforo que no es el mismo y, sobre el cual la Corporación Autónoma Regional del Tolima no tiene los elementos adecuados para su medición.

“El directo responsable de un caos que se pueda generar en ese importante sector de Tapias, que recoge 12 veredas, es Cortolima, y hay que hacer mención que la Superintendencia de Servicios Públicos le ocurre lo de la Policía, siempre llega tarde”, puntualizó el Concejal.

Lo asumirá

Por su parte, el director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso Rodríguez, manifestó que por supuesto asume y asumirá la responsabilidad de las concesiones de las aguas otorgadas por ser el representante legal de la Autoridad Ambiental.

Cardoso dijo en su defensa que se efectuaron siete aforos y el 27 de septiembre se llevó a cabo la primera visita técnica a Peñaranda.

“Lo hicimos con los instrumentos que dice el Ideam, aplicamos la metodología del Ideam y si el concejal dice que ese caudal no es con base en la metodología que debíamos aplicar, ¿no le creemos a la autotidad ambiental? Que nos crean a nosotros”.

Procuraduría recibe petición de Personería

 La personera Delegada, Raquel Bastidas, indicó que notificará a la oficina de investigaciones para que una comisión haga una inspección técnica a la vía y emita un concepto sobre el factor de riesgo de la misma. Los resultados serán divulgados a la comunidad una vez se tengan.

La funcionaria también replicó que se sostendrá una reunión con los voceros delegados por parte del Ministerio Público y la Superservicios, para evaluar las preocupaciones de la comunidad.