Durante las tres últimas administraciones, los ibaguereños han conocido del pago de estudios para la formulación del plan de ejecución de renovación urbana del sector de la calle 19 hasta la calle 25 y de la carrera Quinta hasta la carrera Primera.

El propósito, generar acciones e intervenciones de índole privado y público que permitan impulsar el desarrollo económico y social del sector, anegado por el comercio informal, las casas de lenocinio, los expendios de licores a pequeña escala, la contaminación y la deficitaria infraestructura.

Según la actualización que efectuó la Sociedad Colombiana de Arquitectos en 2011 con base en el estudio realizado por la firma Epypsa (2009), se requiere de una inversión cercana a los 367 mil millones de pesos para adelantar tanto la compra o adquisición de inmuebles, demoliciones, construcción de la urbanización y edificaciones para el cumplimiento del proyecto.

El tiempo de ejecución de la primera fase, que contempla la construcción de Vivienda de interés social a cargo del Municipio, debía efectuarse en un término de ocho a 10 años.

Sin embargo, a la fecha las actuaciones han sido casi nulas, salvo de algunas intervenciones por parte de la Secretaría de Gobierno para recuperar la movilidad en los andenes y vías circundantes a la plaza de mercado de la 21, la remodelación de las instalaciones de la Policía Metropolitana y la construcción del centro comercial Andrés López de Galarza que serviría de centro de acopio a los vendedores informales, hoy hogar de paso para los habitantes de la calle.

El exsecretario de Planeación, Carlos Arturo Ciro Basto, explicó que desde el acuerdo 116 de 2000 (antiguo Plan de Ordenamiento Territorial) se adoptó la intervención y recuperación del sector de la 19 y áreas circundantes a la plaza de la 21.

Sin embargo y según su criterio, se ha sobre diagnosticado las intervenciones sin que exista una acción real para la recuperación del sector.

“Las administraciones municipales desde que se formuló el POT, han “patinado” en su formulación, siempre ha existido en cada administración un contrato referido a este tema, incluso desde el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy día Ministerio de Vivienda) que mediante concurso de méritos adjudicó a través de licitación a la firma española Epypsa, la formulación del plan; proceso promovido desde el Ministerio por Ricardo Ferro, siendo director de la oficina de Desarrollo Territorial del Ministerio de Ambiente”, señaló el profesional.

Falta de gestión

Según Ciro Basto, para iniciar la ejecución del proyecto es necesario que la Administración municipal identifique cada uno los predios a través de las fichas catastrales o matrículas inmobiliarias incluidos en el plan parcial.

Asimismo, que se formule la elaboración de los avalúos predio a predio y a través de un decreto, que deberá ser expedido por el Mandatario de turno, se ‘anuncie’ del desarrollo de las obras y se les notifique a cada propietario el precio del terreno.

Una vez surtida esta fase, mediante acto administrativo expedido por la Administración, se deberá solicitar a la oficina de instrumentos públicos, la anotación en los correspondientes registros y la afectación que presenta el predio.

Según el profesional, este procedimiento debe efectuarse con urgencia, ya que al establecer unos valores de referencia no solo se ‘congela’ la especulación del precio de la tierra, además, ello permite a la Administración obtener recursos por la vía de la plusvalía.

De acuerdo con el profesional, de no efectuarse esta fase de forma diligente, se podría correr el riesgo que el valor de de los terrenos esté por encima de la inversión a realizar y genere saldos negativos al proyecto. 

Qué prevé la renovación 

Según el estudio, se contempla una rehabilitación urbanística en las manzanas localizadas en el entorno de la Plaza de Mercado, las vinculadas a la quebrada El Sillón y del entorno del Terminal de Transportes.

De igual forma, una densificación, con el fin de asegurar la provisión de suelo para espacio público y equipamientos. Se incrementarán las alturas en las residencias, quedando sectores de Vivienda de Interés Social y Prioritario en cinco pisos entre las calles 21 y 24 y la carreras Cuarta y avenida del Ferrocarril y en sectores de vivienda de otros estratos entre 6 y 8 pisos, entre la calle 19 y 21 y entre carreras Tercera y Quinta.

De acuerdo con el plan parcial, en los primeros pisos se concentrará la oferta de comercio y las actividades empresariales en los pisos superiores, con alturas que van en plataformas de tres a cinco pisos.

De igual manera, se proyecta efectuar una remodelación de la Estación de Bomberos, sede de la Policía Metropolitana y ampliación de andenes. 
Con respecto a la quebrada El Sillón, foco de contaminación y en donde se vierten aguas negras afectando a cerca de 600 familias que viven a las orillas del afluente, se prevé la recuperación de su ronda y que haga parte de un corredor ambiental que iría desde la esquina de la carrera Quinta con avenida 19 hasta el cruce de la avenida Ferrocarril con carrera Tercera. 

Financiación 

El estudio contempló que los recursos para la financiación del plan parcial deberían provenir de recursos del Gobierno Nacional, inversión del sector privado a través de alianzas público privadas y del Municipio a través del recaudo de impuesto Predial y valorización. 

El estudio señaló que con base en las proyecciones financieras y los indicadores de endeudamiento de la Secretaría de Hacienda en 2012 "la ciudad podría haber adquirido una deuda de hasta $ 60.000 millones de pesos para su nuevo Plan de Desarrollo", que habría aplicado para la Administración de Luis H. Rodríguez y "comprometer por los menos $33.512.239.400,00 para adelantar la ejecución del proyecto". 

Sin embargo, el concejal Humberto Quintero, señaló la imposibilidad de acceder a un nuevo empréstito y destinar recursos para la ejecución del plan de renovación urbana, pues la Administración debe hacer frente a otros compromiso como la construcción de Juegos Nacionales y el acueducto complementario.Según Ciro Basto, la fuente de financiamiento no puede ser otra que a través del Gobierno Nacional, tal y como se efectuó en Pereira y Manizales, y con las ventas inmobiliarias producto del proyecto.