Gran revuelo se ha generado en la ciudad, debido a los supuestos deseos de privatizar la empresa de servicios públicos Ibal.

El candente debate inició luego que el candidato a la Alcaldía de Ibagué Jhon Ésper Toledo se pronunciara ante el medio de televisión local P&C, hablando sobre sus compromisos para con el tema del agua, “que los ibaguereños sean los accionistas de esta empresa, que podamos capitalizarla para fortalecerla, hacerla grande y modernizarla”, afirmó el aspirante refiriéndose al Ibal y concluyó diciendo, “y hacer a todos los ibaguereños dueños de nuestra empresa”.

El Acta

Ayer Guillermo Alfonso Jaramillo, aspirante a la Alcaldía, presentó públicamente la existencia de un acta en que la asamblea de socios del Ibal, el 26 de marzo del presente año, se reunió para discutir y aprobar varios temas de la empresa, quedando plasmada la aprobación unánime para la modificación del estatuto y convertirse en una sociedad por acciones.

Esto generó voces de rechazo en los ibaguereños como sucedió con el analista político Eduardo Bejarano, quien aseguró que esta era la “peligrosa puerta que se empieza a abrir para la privatización del Ibal”, quedando varias dudas y sospechas del alcance que tendría el cambio de naturaleza jurídica.

Según el acta, fue el secretario general del Ibal Ricardo Arroyo, quien explicó los beneficios de la modificación, y se basó en la ley 142 de 1994 (ley de los Servicios Públicos Domiciliarios), remitiéndose al capítulo uno artículo 17, que habla sobre la naturaleza para el régimen jurídico; pero ante esto algunos se atrevieron a considerar que se trataba de una interpretación amañada de la ley.

Ya que ley reza: “las empresas de servicios públicos son sociedades por acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos de que trata esta Ley”, y continúa en el primer parágrafo diciendo “las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional, cuyos propietarios no deseen que su capital esté representado en acciones, deberán adoptar la forma de empresa industrial y comercial del Estado”, es decir que no es obligatorio que sea una sociedad por acciones.

Según la junta directiva la reforma estatutaria se dio ante una supuesta “limitación a la posibilidad de mayor participación en el mercado”, tal como reza el acta, la cual complementa “lo que se quiere es ampliar el objeto social ya que los estatutos en un momento dado no permiten la factibilidad de emprender otra empresa o unirnos con una sociedad por acciones u operar otra planta”.

Luego que el texto de la minuta modificado fue leído y puesto a consideración de los miembros asambleístas quienes lo aprobaron por unanimidad, autorizaron al gerente para hacer la protocolarización, pero la empresa pública, al parecer no lo hizo público.

Comunicado Ibal

Luego de la rueda de prensa donde se presentó dicho documento, las directivas del Ibal publicaron un comunicado desvirtuando la presunta privatización de la empresa de acueducto y alcantarillado.

En el comunicado justifica que fue “ampliando el objeto social de la entidad permitiéndole hacer parte de otras sociedades por acciones y no como erradamente se ha dicho que sea una venta o colocación de acciones hacia público o entidades externas”.

Y complementa “determinando que el Ibal podrá hacer parte no solo de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, sino de cualquier tipo de sociedad por acciones, queriendo esto decir que la entidad pueda invertir en otros ámbitos comerciales y ampliar, así, su plan de negocios en desarrollo de su objeto social”.

A pesar de la explicación dada por los directivos del Ibal, una importante cantidad de empleados dijeron sentir desconfianza y por tal razón se reunieron ayer a las 2 de la tarde con fines informativos y conocer mejor la problemática.

Los empleados

A pesar que fueron llamados los trabajadores a la tranquilidad, los sindicatos aseguraron que con ayuda de abogados y expertos, van analizar los documentos para conocer el alcance que posee la modificación de los estatutos y ver esta cómo podría afectar el carácter público, además definir cuál será el rumbo que tomará la empresa.

Juan Ernesto Rojas, empleado del Ibal aseguró que una alianza con privados no sería algo bueno, ya que actualmente hay una mala experiencia por los acuerdos público - privados de la entidad, afirmando que “normalmente los contratos que se hacen no benefician a la empresa, sino al contratista”.

Y complementó: “esperamos que no nos estén diciendo mentiras, porque en público pueden decir una cosa y luego hacer otra; y que no sigan haciendo negocios con privados, como la gestión comercial que ya se ha dado a Presea, al igual que a Proactiva, que generó el incremento de quejas por los usuarios ante la labor que se debería realizar, otro caso podría ser la contratación para emergencias porque se debe desarrollar durante un tiempo determinado”.

Aseguró Rojas que como miembro sindical no apoya la privatización del Ibal y menos cuando la entidad ha estado rodeada de intereses políticos, expresando que de cierta manera se tiene un impacto desde los dirigentes o líderes en la política, por lo tanto seguirán dispuestos a analizar el alcance del documento.