La Contraloría de Ibagué determinó un presunto daño patrimonial por 240 millones 439 mil pesos para el Municipio, en la ejecución del contrato 018 de 2014 suscrito entre la Gestora Urbana y la constructora Ávila Ltda.

Así mismo, alerta de un presunto peculado por apropiación al parecer por parte del constructor, ya que no es posible determinar qué actividades u obras se ejecutaron con el dinero otorgado por parte de la Gobernación del Tolima y del Municipio, y que correspondió al 50 por ciento del total de la inversión del proyecto.

La Gobernación del Tolima se comprometió con una partida de mil 824 millones 472 mil pesos y el municipio de 480 millones 879 mil, para un total de dos mil 305 millones 351 mil pesos. El presupuesto destinado por ambas entidades debía ser ejecutado en la entrega de subsidios de los 300 apartamentos de interés social.

La Constructora Ávila certificó a la Contraloría municipal que le fueron desembolsados mil 152 millones 675 mil pesos, del total de los dos mil 305 millones.

La Contraloría resalta que dentro de las cláusulas del contrato se determinó que el constructor tenía la obligación de desarrollar, gestionar, construir, financiar y transferir 300 unidades de vivienda conforme a las características técnicas del proyecto.

La Gestora Urbana asumía la totalidad de la entrega de las obras de urbanismo como se estipuló en el acuerdo marco 999 de 2013 suscrito entre el Municipio, el Departamento y el banco de tierras.

Pero, pese a que los dineros tenían una destinación específica, la Gestora Urbana como la Constructora Ávila suscribieron un otrosí en el que los dineros fueron orientados y ejecutados en la consolidación de las actividades de urbanismo.

“Es claro para el ente de control que, en la ejecución del contrato de asociación 018 de 2014, se presentó un cambio de aplicación y/o destinación de los dineros que conformaban el presupuesto del proyecto, decisión adoptada por las partes, siendo esta contraria al objeto o destino del cual se había establecido para estos dineros, ya que los aportes presupuestales brindados tanto por el Departamento del Tolima como por la Alcaldía de Ibagué, fueron dados con el fin de ser entregados en especie, es decir en subsidios reflejados en cada una de las 300 viviendas, que conformaban el proyecto”, precisa la Contraloría.

De igual manera, dentro del análisis de la documentación relacionada en el contrato, no se permite establecer con certeza cuáles fueron las actividades y valores ejecutados con los dineros dados a la constructora para la ejecución de las obras de urbanismo.

Sin embargo, el constructor argumenta un avance de obra del 76.95 por ciento en las actividades que se comprometió a realizar. Situación soportada mediante certificación del 14 de junio de 2016, expedida por la interventoría.

Pero, la Contraloría precisa que no hay constancia de actas parciales de obra, ni las respectivas pre-actas, donde se muestre de forma discriminada las actividades con sus cantidades y su ubicación para el seguimiento.

“Haciendo análisis de la documentación allegada por las partes del contrato asociativo 018 de 2014, se puede determinar presunto daño patrimonial originado en la ejecución del contrato estimado en la suma de $240.439.836 y presunto peculado por apropiación diferente de los recursos del presupuesto del mismo contrato”, concluye la Contraloría.

Deficiencias en la supervisión

Así mismo, la Contraloría municipal señala la falta de exigencia por parte del supervisor para el cumplimiento de las obligaciones del contrato, ya que no es posible determinar qué actividades se adelantaron con el dinero dado por concepto de anticipo que equivalieron al 50 por ciento del total del presupuesto

“Esta situación denota falta de control y rigurosidad en la labor de supervisión, ya que la misma implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento de las obligaciones por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del socio constructor, desconociéndose así el control que debe llevar para certificar el cumplimiento del objeto contractual”.

La supervisión del convenio estuvo a cargo del Jefe de la Oficina de Vivienda de la Gestora Urbana, Juan Carlos Granados López.