La Contraloría de Ibagué lanzó una alerta frente al grado de iliquidez que registra la Gestora Urbana y que podría llevarla en un futuro a declararse insolvente.

Según el órgano de control fiscal, el riesgo de liquidez actual implicaría al banco de tierras “no poder cumplir, de manera oportuna y eficiente, los flujos de caja esperados e inesperados, vigentes y futuros”.

Y añade que “no se está sosteniendo un capital de trabajo suficiente para llevar a cabo las operaciones que sean necesarias para generar un excedente que permita tener a flote la empresa”.

Según se consigna en el informe de auditoría, con corte a 31 de diciembre de 2016, la Gestora Urbana contaba con un efectivo de 10 mil 896 millones de pesos y existían cuentas por pagar por 13 mil 927 millones de pesos.

“El mantenimiento de un buen nivel de liquidez permitirá a la entidad disminuir el grado de incertidumbre asociado a la posibilidad de declararse insolvente, lo cual brinda serias señales tempranas de problemas de flujo de efectivo y fracasos empresariales inminentes y para este caso, dicho grado de incertidumbre aumenta. Este indicador, que pone en alerta la situación de la entidad, es un hecho preocupante, así como un llamado a la mejora de las políticas financieras”, informa la Contraloría.

De acuerdo con el vocero del órgano de control fiscal, Diego Visash, a la situación se suman las pérdidas que se han sufrido durante las recientes vigencias y que repercuten en los indicadores financieros. Además, hay una falta de gestión de cobro, que refleja un panorama financiero de déficit para la entidad.

La Contraloría determinó un hallazgo y un presunto detrimento por mil 436 millones 87 mil pesos en cartera de difícil cobro.

“Al revisar la cartera de la entidad se observa que existen cuentas con más de cinco años de antigüedad, por valor de mil 436 millones 87 mil pesos, lo que representa un gran riesgo para la entidad, teniendo en cuenta que su principal actividad es la inmobiliaria, ocasionando que se genere una provisión de cartera por un mayor valor que afecta directamente los gastos y no permite el flujo de efectivo necesario para que la empresa pueda efectuar su normal funcionamiento. Aunque se han enviado algunos cobros persuasivos, no se evidencia persistencia en los cobros”, resalta el informe.

Con corte a 31 de diciembre del año pasado, la cartera ascendía a dos mil 939 millones 848 mil pesos.

Otros hallazgos

La Contraloría determinó que no se vienen registrando los ingresos por el arrendamiento de tres locales ubicados en la urbanización Onzaga y por los que se adeuda $78 millones 893 mil pesos. Además los ocupantes de los locales son otras personas y no con quien se suscribió el contrato inicial, en el que estaba prohibido subarrendar.

Lo mismo ocurre en la placita campesina ubicada en la carrera Cuarta No. 20-76, instalaciones donde nueve de los 14 locales no han pagado el arrendamiento, adeudando por $235 millones 977 mil pesos, proceso que actualmente pasa por cobro persuasivo.

La Contraloría resalta que igualmente se evidenció que existe cartera por este mismo concepto desde 2013 hacia atrás y que dada su antigüedad se convierte en deudas de difícil recaudo, lo que implica una posible falta con incidencia disciplinaria, por falta de gestión administrativa.

De igual manera, existe una deuda por 139 millones de pesos por la empresa Zoom Estructuras, a la que le fueron arrendadoslos paraderos para su explotación comercial.

Su representante Héctor Corrales (q.e.p.d.) adeudaba 12 meses de arrendamiento, pero se precisa que no hubo desde la Gestora Urbana un requerimiento oportuno al contratista, que evitara el atraso en el pago del canon y su incumplimiento.