Amaury Elías Blanquicet Pretelt, condenado a seis años por el delito de lavado de activos en el marco de la investigación por el desfalco a los Juegos Nacionales y que vincula a Typsa, en escrito radicado ayer ante la Fiscalía General solicita se investigue a dos funcionarios de la entidad, quienes al parecer habrían incumplido acuerdos al que había llegado a cambio de entregar información.

En la misiva, Blanquicet manifiesta un conflicto de intereses en el marco del proceso de extinción de dominio que se le adelantó y que liga la relación sentimental que habría sostenido con la actual Directora de la Fiscalía General Especializada de Extinción de derecho del dominio, Andrea del Pilar Malagón.

Así mismo, involucra al Fiscal 35 Especializado de Ibagué y al Técnico I del CTI adscrito a la Dirección General de la Unidad de Extinción de Dominio.

Este último, al parecer, según Blanquicet, en visita al centro de reclusión, Coiba -Picaleña, le había planteado un acuerdo informal en el que entregaría información a cambio de mejorarle las condiciones de reclusión y en un acto de aparente confianza, le habría expresado que desde la Dirección General de la Fiscalía en Bogotá, se conocía que el fiscal a cargo de extinción de dominio en Ibagué habría recibido $300 millones para que no actuara en contra de los bienes de otras personas en la ciudad.

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“Dicho funcionario aduciendo su amplio conocimiento del caso me planteó una especie de acuerdo informal en el cual se establecería intercambio de información a cambio de colaborarme en la mejoría de mis condiciones de reclusión. En el transcurso de la conversación sugirió el nombre de la doctora Andrea del Pilar Malagón Medina, directora de la Fiscalía General Especializada de Extinción de derecho del dominio, mención ante la cual le manifesté que Andrea debía declararse impedida de conocer de ninguna forma nada relacionado en mi caso por razones que ella conocía muy bien, comentario ante el cual el funcionario William Tobón, con expresión de complicidad manifestó que esto quedaba entre nosotros, pero que, incluso para darme certeza de lo acordado él haría venir al fiscal Nicolás Sotomonte a cargo del caso, con quien ya había conversado del asunto y que para generarme confianza informalmente me comentaba que en Bogotá D.C se sabía que el fiscal a cargo de extinción de dominio en Ibagué había recibido 300 millones de pesos para que no actuara con la acción de extinción de dominio contra algunas personas de la ciudad de Ibagué por el funcionario William Tobón”, denuncia Blanquicet en la misiva.

Así mismo, precisa que efectivamente Sotomonte le habría visitado en la cárcel para concretar lo presuntamente pactado con Tobón, adelantándose el interrogatorio y de forma posterior le sugirió el nombre de Malagón con quien, según Amaury le “unió una relación sentimental de vieja data”.

De igual manera, el sentenciado reprocha el proceso de extinción de dominio a un apartamento afectado con una hipoteca con una entidad financiera y denuncia que es un “amedrantamiento” ante la exigencia del cumplimiento de lo acordado.

La medida también afectó un automóvil de su esposa y unas oficinas que en un momento fueron de su propiedad, pero que pertenecen a otras personas.

Amaury expone que en este caso habría un posible conflicto de intereses por la relación sentimental que lo unió con Malagón y la relación de jerarquía y subordinación que hay entre los funcionarios mencionados.

Fiscalía responde

El jefe de comunicaciones de la Fiscalía General en Bogotá, Luis Arturo Páez, en una breve comunicación precisó que el caso del conflicto de intereses que expresa Blanquicet “mal podría” calificarse de esta manera, si la Directora General de Extinción de dominio no intervino en las decisiones.

“Este caso fue asignado al Fiscal 35 de la Dirección de Extinción de Dominio, quien de manera autónoma e independiente adoptó las decisiones que vincularon los bienes del sr. Blanquicet Pretelt a extinción de dominio. Andrea Malagón no intervino en las decisiones”, refiere la comunicación.

Sobre los hechos que involucrarían al Fiscal 35 Especializado en el presunto recibo de dineros y los acuerdos acordados con el sentenciado, la Fiscalía no se ha pronunciado.

Fiscalía debe abrir investigación

El abogado del Imdri y representante de víctimas, Rodolfo Salas, indicó que la Fiscalía deberá requerir a los funcionarios mencionados por Amaury Blanquicet Pretelt con el fin de corroborar las denuncias del sentenciado.

Según Salas, en este caso Blanquicet es un testigo de referencia o de oída y llegado el caso en que se proceda a abrir una investigación se tienen que aclarar más los hechos, porque “no tendría la fuerza contundente para probar dicho relato”.

No obstante, repuso “hay que tener en cuenta que el señor Amaury ya es una persona condenada que no le interesaría meterse en más problemas, ya es un confeso, está condenado y si hace este tipo de denuncias tendrá su razón de ser”.

Sin embargo, Salas indicó que verificará si la denuncia fue formalmente radicada para proceder a constituirse como víctima en el momento en que se adelanten las investigaciones.

Agregó que de verificarse los hechos, se estaría “haciendo más gravosa la situación para las víctimas del desfalco de los Juegos Nacionales, porque esta posible omisión del ente de control generaría que no se satisfaga el derecho a la reparación económica”.