El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo guardó ayer silencio sobre la imputación de cargos que llevará a cabo la Fiscalía por las presuntas irregularidades en la firma del convenio con la Corporación Festival Folclórico, el 11 de noviembre de 2016 para el alumbrado navideño.

La audiencia se adelantará mañana ante el Juez Sexto penal de control de garantías. La fiscal 22 seccional, Claudia Chalarca, le endilgará el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

Sin embargo, no deja de llamar la atención que la fiscal Chalarca, cercana al representante Carlos Edward Osorio, tiene al mando investigaciones como el contrato que involucra a Aida Rodríguez, hermana del exalcalde Jorge Tulio Rodríguez por el tema de ejidos; la compra y venta de la finca en Toche por $1.800 millones; Funimedes, entre otros, sin que se den resultados en la materia.

Entre tanto, algunos concejales no descartan que el Alcalde haya podido incurrir en un error, aunque confían en que pueda ejercer su defensa con garantías.

El burgomaestre suscribió el convenio como ordenador del gasto aunque el acto administrativo fue revisado y aprobado por el exasesor de Apoyo a la Gestión, Camilo Páramo Zarta, desvinculado de la administración.

El actual y saliente presidente del Concejo, Carlos Castro, dijo conocer de la “honradez, honorabilidad y limpieza para administrar los recursos públicos” de Jaramillo, pero no descartó que pudiera cometer un error al confiar en sus asesores.

“Todo es posible, todos los funcionarios que tenemos este tipo de responsabilidades tenemos asesores y personas en las que confiamos y en el caso de un Alcalde, la capacidad de llevar todo letra por letra creo que es imposible, administrar una ciudad con tantas carteras, necesidades y presupuesto no debe dar el tiempo para leer. Creo que es posible y coherente”, señaló.

El concejal William Rosas, electo como presidente del cabildo para 2018, aunque no duda de la idoneidad del Alcalde, precisó que “como cualquier ser humano pudo haber cometido errores y uno de los errores es que la administración no puede caer en cabeza del Alcalde, para eso están los secretarios, están los gerentes de despacho, los institutos descentralizados, los contratistas, etc”.

En lo anterior difiere el concejal Víctor Ariza, quien manifestó que el actuar del Alcalde no fue un acto de soberbia al no delegar la ordenación del gasto “sino de buenas intenciones de tener el control y que no pasara lo que pasó en administraciones pasadas, cuando a todas luces cada secretaría parecía una rueda suelta y por eso se presentaron esos problemas que sí fueron impactantes para la ciudad”.

Rosas, agregó que la posibilidad de que el Alcalde sea retirado del cargo mientras avanza la investigación, no sería el escenario más propicio, pues “estamos en la elección del Personero, Contralor y en ley de garantías”.

Pero añadió que se le debe brindar las garantías a la buena fe, la legítima defensa y el debido proceso.

En este aspecto concuerda el concejal conservador, Carlos Andrés Portela, quien señaló que se debe dar el beneficio de la duda aunque resaltó que los delitos que se le imputarían son “gravísimos”.

“No quisiera estar en sus zapatos, pero creo que eso es por incumplir sus promesas. Recuerdo que Guillermo Alfonso, en campaña, dijo que iba a montar un zar anticorrupción en su despacho, dedicado a hacerle seguimiento a los procesos contractuales para que no existiera el más mínimo movimiento de corrupción y muy seguramente es por eso que está involucrado en estas situaciones”, criticó el cabildante.

Silencio

Aunque se intentó indagar con la Oficina Jurídica de la Alcaldía si el juez Sexto Penal, Norberto Ferrer Borja, estaría incurso en causal de impedimento para presidir la audiencia, pues su hija Claudia Ferrer, fue nombrada por el Alcalde en la Institución Educativa Diego Falan de Belén, la Administración guardó silencio sobre el tema. Sin embargo, trascendió que Ferrer solicitó vacaciones y será una juez la que asista a la diligencia.