De acuerdo con el argumento expuesto por la oficina Jurídica de la Gobernación, el proyecto "no debió ser expedido en razón a que la actualización realizada por el Igac es el único insumo requerido por la ley para el cobro del impuesto predial y el único legítimado por ley para aplazar la vigencia de los catastros eleborados por formación y actualización castastral es el Gobierno Nacional".

"Es un hecho político desafortunado para la ciudadania Ibaguereña. El Concejo y el Municipio dieron una respuesta efectiva e inmediata para prever que no se generaran unos cobros exagerados para la ciudad pero vemos que la voluntad quizá de la Gobernación es impedir que esto se realice cómo se impidió que se llevará a feliz término el acuerdo que restringía la actividad minera. Creemos que esto va a afectar y puede llegar a afectar el bolsillo de los Ibaguereños", dijo el secretario de Desarrollo Rural, César Picón.

Así mismo, la Gobernación objetó el acuerdo que le otorgaba facultades al Alcalde para la creación de una sociedad por acciones de índole público para la el sistema estratégico de transporte público.

Según la oficina Jurídica de la Gobernación el acuerdo viola el artículo 150 de la Constitución por no estipularse la estructura orgánica de la sociedad.

"Se observa por este despacho que la facultad otorgada por el Concejo al Alcalde para la creación y constitución de una sociedad pública de índole municipal, del sector descentralizado para serlo el gestor del Setp, claramente el acto debe contener su estructura orgánica indicando sus órganos de dirección y administración y la forma de integración y de designación de sus titulares. En consecuencia desde el acto de creación se establecerán los órganos; quiénes conforme a su autonomía administrativa serán los encargados de la sociedad, siendo entonces lo dispuesto por el Concejo un acto que transgrede normas de jerarquía superior", es el argumento expuesto por el departamento para objetar el proyecto.