Ante el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito fue admitida una demanda en contra de la Alcaldía y el Concejo, en la cual se solicita se declare la reparación de los perjuicios económicos causados a un grupo de empresarios y propietarios de bienes, los cuales se vieron afectados con la sanción del acuerdo 031 de 2011.

Luz Adela Londoño Jaramillo, quien representa los intereses de los demandantes, solicita que se declare administrativamente responsables al Municipio y al Concejo por la inactividad en la adquisición de los predios identificados en el acuerdo.

Según los quejosos, no se encuentran obligados a que su derecho de propiedad se afecte de forma continua e ilimitada en el tiempo tal y como ha sucedido, y alegan que los predios “sufrieron un menoscabo y disminución patrimonial en su valor comercial”.

El acuerdo 031 de 2011 facultaba al Alcalde para que a través de la Dirección de Recursos Físicos y la Secretaría Administrativa, se realizaran los trámites para que fueran declarados de interés público o social y se adquirieran por enajenación voluntaria o acto administrativo motivado los derechos de propiedad requeridos para la ejecución de los proyectos viales y de espacio público.

El acuerdo afectaba 49 inmuebles sobre la calle 103 entre las avenidas Jordán y Ambalá con sus respectivas intersecciones.

Así mismo, 42 inmuebles para la construcción de la intersección en la avenida Ambalá con Guabinal entre calles 25 y Octava.

Otros 30 predios para la consecución de la diagonal 83 y 23 para la avenida 13 conocida como la circunvalar de Calambeo.

No obstante, el acuerdo establecía como plazo máximo tres años para adquirir estos bienes.

Para el exsecretario de Planeación, Carlos Arturo Ciro Basto, los términos del acuerdo ya fenecieron.

De acuerdo con el profesional, los predios fueron afectados pero la Administración no ejecutó el acuerdo. Por ello, al no expropiarse no pueden afectarse nuevamente.

“La ley dice que solamente se permite prorrogar por un año adicional la afectación”, sentenció.

Ciro Basto agregó que una alternativa a la que puede recurrir la Administración es la de expropiar y someterse a un pleito ante la justicia ordinaria que puede prolongarse por cinco o seis años.

Admite que esto conllevaría a un retraso para el inicio y ejecución de las obras contenidas dentro del plan de movilidad presentado por la Alcaldía de Ibagué y que serían objeto del cobro de valorización.

“Por vía administrativa hubiera sido más fácil, ya que es un proceso que no dura más de dos años. Donde lo hubieran iniciado, ya lo habían coronado. Lo que debe hacer la Administración es expropiar y someterse a la justicia ordinaria hasta cuando el juzgado falle y diga si se les vende o no, o se les vende pero a este precio y ahí iniciarían las controversias y es más dispendioso el proceso en esos términos”, precisó.

Dato

EL NUEVO DÍA intentó consultar a la jefe Jurídica, Gloria Millán y el secretario de Planeación, Héctor Cervera, sin obtener respuesta por parte de los funcionarios.

Dato

Las primeras obras a las que le apuesta esta administración y que serían objeto del cobro de valorización son: la carrera 13, la calle 103 y el deprimido de la 60.