Este último, pasó de laborar con la Secretaría Administrativa en 2017, al instituto como profesional especializado para acompañar y asesorar la gestión contractual. El contrato tenía un plazo de ejecución de ocho meses y contemplaba un pago mensual de seis millones de pesos.

La decisión fue tomada por Corzo el pasado 21 de marzo en mutuo acuerdo. La directiva argumenta que solicitó la terminación bilateral del contrato “sustentado por circunstancias mediáticas que involucran la honra y buen nombre personal y profesional (del contratista), causadas por el Municipio en cabeza de algunos funcionarios”. Así mismo para que este pueda “ejercer su respectiva defensa”.

Es de resaltar que los hechos, hacen referencia a la denuncia puesta en conocimiento de la Fiscalía por parte de la actual exsecretaria de Bienestar Social, Yennifer Parra, quien advirtió del presunto favorecimiento de Aranzales en favor de su padre, en la compra de un predio en El Tejar.

El abogado elaboró y participó en la proyección de la licitación, la cual comprometía un valor de 557 millones de pesos y cuyo fin era la construcción de un CDI.

La denuncia fue puesta en conocimiento de Parra el pasado 26 de enero de 2018 a las 3:42 p.m.

No obstante, el Zar Anticorrupción, Augusto Alfonso Ocampo, el 14 de febrero en rueda de prensa se atribuyó el haber destapado este hecho irregular.

Por otro lado, llama la atención la tardía reacción de la Gerente de Infibagué, pues tomó la decisión de desvincular al abogado un mes y cinco días después de ‘estallar’ el escándalo por parte de Ocampo.

Es de resaltar que Luis Felipe Aranzalez Bravo alcanzó a laborar en el instituto dos meses y cinco días con una remuneración de 12 millones de pesos, los cuales le fueron reconocidos.