En manos del Tribunal Superior de Ibagué quedó la decisión de si acoge o no la petición elevada por el abogado Francisco Marín Marulanda, quien pidió la nulidad de lo actuado en la audiencia de acusación llevada a cabo en contra de su defendido Jorge Pérez Torres, alias ‘El Chatarrero’, el pasado 7 de marzo.

Marín alega que hay un “desconocimiento al debido proceso, en tanto se desconoció el derecho a la defensa material y técnica”, por parte del juez Primero penal especializado.

El abogado, quien no asistió a la audiencia de acusación, radicó ese mismo día un oficio, poco antes del mediodía, solicitando el aplazamiento de la diligencia porque no podía desplazarse hasta Ibagué.

Sin embargo, esta petición no fue acogida por parte del juez, quien compulsaría copias para que el abogado fuera investigado penal y disciplinariamente por las supuestas maniobras empleadas para entorpecer la diligencia.

Durante la audiencia preparatoria, la Fiscalía alegó ayer maniobras dilatorias por parte del abogado. Esta fue coadyuvada por el representante de víctimas, Rodolfo Salas, y el delegado de Coldeportes Nacional y la misma Procuraduría.

“Es una actuación temeraria, de mala fe e irresponsable por parte de todos los intervinientes en esa audiencia. Existen dos documentos públicos entregados por funcionarios judiciales por parte del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao: Uno, donde expresan algo de fondo sobre unas fechas y horas, y otro, donde se expresa que hubo un error en el envío de los telegramas por parte de este centro de notificaciones y que ha generado una confusión, pero aquí en total desigualdad de armas, la diferencia de esos dos documentos se le imputan a título de falsedad de ese documento al defensor”, dijo Marín al finalizar la reunión.

El juez Primero penal especializado resolvió no acoger los argumentos del abogado Francisco Marín Marulanda, por lo que será la sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, la que dirima si se obró o no en derecho

“Él está presto a colaborar”

El abogado Francisco Marín Marulanda, argumentó que su cliente ha estado dispuesto a colaborar con la Fiscalía, pero existen tres factores que han obstaculizado dicha labor: su reclusión en La Picota, el no acceso a documentos y herramientas tecnológicas, y la falta de colaboración por parte del Inpec.

“Lo que ha imposibilitado el desarrollo de esto y que verdaderamente se llegue a la verdad y el esclarecimiento de estos hechos de los XX Juegos Nacionales es la inoperancia, incompetencia y la falta de colaboración del Inpec, sumado que la misma medida de aseguramiento privativa de la libertad es la que imposibilita que Jorge Pérez pueda colaborar con la justicia”, sostuvo.

Según el abogado, Pérez “solo apela a la memoria para poder colaborar, por eso siempre se ha intentado la colaboración por medio de remisiones a las oficinas de Paloquemao y a la Fiscalía donde él tenga acceso a sus computadores, a sus celulares y acceso a internet, para poder acceder a sus correos electrónicos y poder brindar información y elementos materiales a la Fiscalía. Hemos perdido bastantes fechas, la semana antepasada se perdió toda la semana intentando llevar a cabo estos interrogatorios porque había fechas programadas durante toda una semana y fue imposible”, concluyó.