porque el Código de Policía restringiría el uso del mismo imponiendo multas.

La decisión planteada desde la veeduría se conoció por parte de María Yackeline Díaz, integrante de la veeduría de espacio público, quien aseguró: “Vamos a demandar el decreto 378 porque tenemos entendido que esa medida no fue accionada por el Concejo, y fuera de eso raya con la sentencia de la desocupación del espacio público”.

Díaz añadió: “Si la sentencia que hace 18 años está, por qué la Gestora Urbana coge ilegalmente el espacio público cuando se creó una figura como la Dirección de Espacio Público en Ibagué y tiene ese fin. Ahora resulta que la Gestora como un banco inmobiliario coge y le da puestos a gente que no es vendedora de Ibagué y a los comerciantes de aquí los está persiguiendo. No es justo”, concluyó.

Ante las afirmaciones de la líder de la veeduría, Daniel Soto dijo: “El decreto lo que permite es la utilización del espacio público con fines comerciales, yo les he comunicado a los comerciantes que planteaban la posibilidad de derogar el decreto que si la Alcaldía decide esta opción, lo que queda en vigencia es el Código de Policía que prohíbe la utilización del espacio público, es decir, el decreto lo que permite es la utilización, sin él, se impondrían sanciones a cargo del Código”.

Frente a los recientes cuestionamientos por parte de Fenalco, que en reiteradas ocasiones ha asegurado por medio de sus ejecutivos que la Administración emprendió una persecución contra los comerciantes formales, Soto concluyó: “La Corte Constitucional en la sentencia 211 del año anterior, estableció que con los vendedores informales debe haber un trato diferencial porque la gran mayoría de ellos están en situación de vulnerabilidad, por eso no los podemos sacar sin antes garantizarles una oportunidad de formalización; sin embargo, hemos hecho controles recuperando espacios que estaban invadidos, pero la lucha es de todos los días”, finalizó.