El presidente Nacional de Anthoc, Yesid Camacho, cuestionó el proyecto de acuerdo presentado por la Alcaldía de Ibagué y que prevé que los recursos de libre destinación aprobados para la ejecución del Mias, mediante acuerdo, sean contratados a través de las secretarías y de Ips (privados) y particulares.

“El asunto de fondo aquí es que le van a quitar una plata que se había definido mediante acuerdo de 2016 y que es ejecutada por las empresas sociales del Estado fusionadas: el San Francisco y la USI y en este momento lo que propone la Alcaldía es que esto se reparta transversalmente al entorno, en una cantidad de cosas que no son claras, seguramente van a poner a operadores privados como en otras regiones del país y que ha fracasado totalmente”, dijo el presidente de Anthoc.

La Comisión de Institutos aprobó ayer la ponencia del proyecto que modifica el parágrafo del acuerdo que aprobó la creación del Mias y le estableció el giro del 4% de los recursos de libre destinación para su implementación a través de la USI.

El proyecto pretendía facultar al Alcalde, en un primer momento, para ejecutar dichos recursos bajo su directriz. Sin embargo, el proyecto fue modificado en concertación entre el Ejecutivo y los concejales ponentes Linda Perdomo, Víctor Gracia, Víctor Ariza y Martha Ruiz.

En dicha modificación se establece que los recursos que ascienden anualmente a cerca de $12 mil millones serán empleados en salud integral, pero a través de las secretarías de despacho y la E.S.E municipal.

Para Camacho “eso del Mias lo que está generando es un proceso de privatización de la salud y que terminará privatizando en uno o dos años la Unidad de Salud”, aseveró.

No obstante, de acuerdo con un concepto jurídico allegado y expuesto ayer por la concejal Linda Perdomo, la Ley 1222 en su artículo 31 expone que en ningún caso se podrán prestar servicios asistenciales de salud directamente por parte de los entes territoriales.

“Tengo mis serias dudas de ir contra de esta facultad y lo que establece la ley. La única secretaría que tiene dentro de sus funciones el tema de salud, es la Secretaría de Salud, las otras no podrían, es decir, yo no podría contratar un médico en la Secretaría de Bienestar Social para hacer consulta. Se supone que ese es el espíritu de las E.S.E, zapatero a tu zapato, salud la contrato por Salud, gobierno se contrata por Gobierno”, indicó Perdomo.

El Presidente Nacional de Anthoc indicó que el acuerdo violaría la Ley, ya que determinantes sociales de salud como son el agua potable, la vivienda, el alcantarillado, pero que no son propios de la prestación del servicio, se empezarían a financiar con estos dineros que están destinados a garantizar los servicios de salud a los ibaguereños.

“Lo que dice la Ley 1122 es que el nivel central de la Administración no puede prestar servicios, que esa es una función exclusiva de las Empresas Sociales del Estado y si la USI se quiebra, lo que queda como alternativa es que sean los particulares los que asuman la prestación del servicio y que la Alcaldía o, la Secretaría de Salud los contrate. Pero lo que están planteando aquí es mucho más grave, porque no sólo sería la Secretaría de Salud la que contrate, sino la de Bienestar Social, la de la movilidad, mejor dicho todas las secretarías podrían estar disponiendo de esos recursos y haciendo contratos lo cual sería violatorio de la ley”, cuestionó.

USI sin resultados

El presidente Nacional de Anthoc, Yesid Camacho, dijo que de agosto a diciembre de 2017 el déficit de la USI fue de cinco mil 700 millones de pesos y al reorientarse los dineros de libre destinación la situación financiera sería más gravosa.

“Hemos visto el déficit operativo de la USI y se viene incrementando en un promedio de mil 200 millones mensuales. Desde la fecha en que se hizo la fusión, que fue en agosto y al 31 de diciembre se incrementó en cinco mil 700 millones de pesos el déficit. Los pasivos operativos, el pasivo corriente, el pasivo contigente pasó de tres mil millones a $16 mil millones y eso que echaron más de 100 trabajadores. Uno no entiende cómo se atreven a presentar un proyecto en esas condiciones, es decir, tiene que ser claro que quieren liquidar completamente la USI”, agregó el vocero sindical.

Pero a su vez reconoció que la administración de la USI ha sido “desastrosa”.

“Acaba de salir un informe de la Contraloría de 59 páginas con 38 hallazgos de fondo donde la misma Contraloría dice que los contratos están preasignados, predefinidos, que no hay transparencia en la ejecución de los contratos y selección de los proponentes. Hay una situación calamitosa para la salud de la ciudad que sería más grave si se aprueba este acuerdo”, sentenció.