La Gestora Urbana radicó ante el Tribunal Administrativo, el 28 de junio, la demanda para que se declare la nulidad de las resoluciones 530 y 567 de 2017 por medio de las cuales, la Gobernación del Tolima liquidó unilateralmente el convenio 680 de agosto de 2014 y cuyo propósito era la entrega de recursos por parte del Departamento para los beneficiarios de este proyecto de interés social.

La Gobernación del Tolima solicita la devolución de los mil 830 millones de pesos girados al banco de tierras, para la entrega de 300 subsidios a periodistas y empleados públicos del Departamento.

La Secretaría de Infraestructura declaró el incumplimiento del convenio por parte de la Gestora Urbana a través de dichas resoluciones, debido a que parte de los dineros habrían sido invertidos en las obras de urbanismo del proyecto.

Dichos recursos fueron depositados el 8 de septiembre de 2014 en la Alianza Fiduciaria: mil 830 millones como aporte por parte de la Gobernación del Tolima y 480 millones 879 mil pesos de la Alcaldía, para un total de dos mil 310 millones de pesos.

De ese rubro, le fueron desembolsados a la Constructora Ávila, mil 152 millones de pesos, avalados por el supervisor del convenio y jefe de la oficina de Proyectos Especiales de la Gestora, arquitecto Juan Carlos Granados.

A través de un otrosí que modificó el contrato de fiducia, Alianza puso a disposición de Ávila dichos recursos para las obras de urbanismo, y que serían girados en un desembolso inicial y posteriores por obra ejecutada.

Sin embargo, la Gestora urbana alega que con los recursos del convenio se suscribieron 150 resoluciones para la entrega de subsidios y que comprometerían 969 millones de pesos.

EL NUEVO DÍA conoció extraoficialmente que el propósito del banco de tierras era liquidar el convenio en mutuo acuerdo, accediendo a reintegrar los dineros que no fueron comprometidos a través de las resoluciones de asignación, pero no la totalidad del rubro.

Se ejecutó menos de lo que se pagó

La Secretaría de Infraestructura llevó a cabo en marzo un peritaje a las obras de urbanismo ejecutadas, cuyos resultados fueron remitidos a la Gestora urbana y que se desconocen a la fecha.

Sin embargo, la concejal Linda Esperanza Perdomo, quien solicitó esta información al banco de tierras, pues tenía previsto llevar a cabo un debate de control político, que finalmente se aplazó, denunció que se habría ejecutado menos de lo que se le pagó al contratista.

“Muy preocupante las cifras que entrega la Secretaría de Infraestructura, porque están muy por debajo de la plata que se le entregó al contratista, lo que nos han entregado a nosotros es que se pagaron más de 750 millones de pesos en obras de urbanismo y la evaluación que hace la Secretaría es que no supera los 74 millones de pesos”, comentó Perdomo.

La denuncia de la concejal contrastaría con la certificación expedida el 14 de junio de 2016 por el ingeniero Jesús Barrios Hinojosa, como interventor externo de las obras de urbanismo y que adujo que el avance de la obra era del 76.95%.

Es de anotar que el costo total de las obras de urbanismo ascendían a los dos mil 305 millones 351 mil pesos de acuerdo con el presupuesto presentado para la firma del convenio (0999 de 2013) entre el Departamento, el Municipio y la Gestora Urbana, y que sí contemplaba la ejecución de este proyecto.

Sin embargo, fue liquidado de forma anticipada, el 17 de junio de 2014, ya que la Alcaldía no contaba para la fecha con la disponibilidad presupuestal para el desarrollo de las mismas.

Los recursos aportados por la Gobernación (1’824.472.195) pertenecían a asignaciones directas del Sistema General de Regalías.