El ente de control determinó sobrecostos en la compra de equipos para la institución educativa, violación de los principios para la contratación estatal, falta de supervisión en contratos y falsedad en documento.

Sobrecosto en la compra de seis ventiladores de pared por cuanto se adquirieron seis por millón 800 mil pesos y en cotizaciones realizadas por la Contraloría con, el valor unitario obedecía a 120 mil pesos, por lo que se evidenció un mayor valor cancelado por millón 80 mil pesos. De igual manera, un presunto detrimento por 700 mil pesos en la compra de cuatro grabadoras, dos de las cuales no se hallaron en la institución educativa.

De la misma manera, en la compra de cinco video beams con un posible detrimento de cuatro millones 100 mil pesos por cuanto se destinó 11 millones a la adquisición de los equipos.

La Contraloría establece que mientras para la misma vigencia la institución Educativa San Isidro llevó a cabo la compra de ocho video beams con las mismas características técnicas, por valor de 10 millones 800 mil pesos y la Escuela Norma Superior, ocho equipos por cuantía de $12 millones, y ambas con un valor unitario promedio de millón 380 mil pesos, la institución educativa Antonio Reyes destinó dos millones 200 mil pesos.

Así mismo, se resalta un mayor costo en la compra de tres computadores cuyo valor real se presumía en millón 710 mil pesos y no de dos millones 500 mil pesos, valor estimado por la institución educativa.

‘Supercontratistas’

La Contraloría detalla en los sobrecostos descritos que los contratos fueron adjudicados a Jimmy Miguel Baudelio Estrada Muñoz, quien junto con Luis Hernando Posee Reyes y José Emigdio García Moreno siempre se presentan a las invitaciones realizadas por la institución educativa.

“Las invitaciones públicas siempre son cubiertas por los mismos tres proponentes, evidenciando que no se realiza una efectiva evaluación de otras ofertas de proveedores locales con el fin de tener una razonable calidad, al menor costo y en la oportunidad debida, observando posible negligencia en la publicación y transparencia de la contratación de la institución”, precisa la Contraloría.

De los 16 contratos seleccionados objeto de la autoría, y que representó el 72.11% del total de la contratación realizada por la institución educativa, Estrada y Posee Reyes se adjudicaron cuatro contratos respectivamente y dos por García.

Según el ente de control “lo anterior podría estar generando conductas o faltas de índole disciplinario y penal al celebrar, perfeccionar y legalizar contratos direccionando la contratación en forma indebida, pues no existe evidencia de soportes que permitan inferir la existencia de invitaciones, propuestas u ofertas que acrediten la existencia de una pluralidad de oferentes objetiva”.