“Lo que se busca es poder consolidar a través de esos lineamientos toda la inversión que se viene realizando por parte de la administración y sobre todo que ese ritmo de inversión para el fortalecimiento de la zona rural pueda ser mantenida en el tiempo en los próximos gobiernos”, explicó el secretario de Desarrollo Rural, César Picón.

De acuerdo con el funcionario con base en esta política se deberán articular los programas de desarrollo e incluir proyectos de fortalecimiento a la infraestructura, a los procesos exportadores y de valor agregado a la caficultura orgánica, formalización y acceso a la tierra que se deriva de los acuerdos de La Habana, entre otros.

No obstante, no se establece un rubro específico para el desarrollo de la política por lo que se podría quedar en el papel.

Según Picón, lo que se requiere es “voluntad política” de los gobiernos para que se dé aplicación a la política.

¿Es excluyente?

El concejal Humberto Quintero cuestionó el artículo que trata sobre la implementación del uso de la tierra, pues solicitó que fuera incluida la titulación masiva a los pequeños propietarios de mejoras en parcelas de la zona rural para dar garantías a esta población.

El cabildante precisó que la política es excluyente porque está dirigida a adoptar e implementar los acuerdos de La Habana, pero no “vemos que es una política que va dirigida a un segmento social. ¿Cuál es ese segmento?, el proceso que se llevó a cabo La Habana, dirigido a sectores que son muy perjudicados por los problemas de violencia en el país, pero no podemos desconocer a los ibaguereños que han vivido por años en estos terrenos (ejidos), que los han cultivado y que también necesitan de esa política rural, que fue excluyente y por eso no la apoyé, porque nuestros campesinos ibaguereños están excluidos en este proceso”, concluyó.