Malestar generó en algunos abogados de la Secretaría de Hacienda la suscripción de varios contratos para bachilleres y no profesionales para ejecutar labores correspondientes a la conservación catastral.

Lo anterior, por los honorarios que devengarían y lo cual fue puesto en conocimiento de la Contraloría municipal.

Según se pudo establecer “se debían suscribir 90 contratos para bachilleres y técnicos con un plazo de 40 días por la suma de cinco millones cada uno”.

Sin embargo, es de advertir que el Municipio asumió la responsabilidad de contratar el personal y suministrar la logística bajo la firma del convenio interadministrativo 2045.

Además, a través del decreto 950 del 1 de noviembre, el Municipio adoptó la escala de honorarios aplicada por el Igac para la contratación del personal.

En la cláusula segunda se específica que el Municipio se compromete a contratar 95 cargos, los cuales deben cumplir con los perfiles y la experiencia con previo visto bueno del Igac.

Para el abogado Luis Felipe Aranzales se podría configurar una posible irregularidad al generar una desigualdad entre los contratistas del Municipio y los que fueron contratados para ejecutar labores en el marco del convenio suscrito con el Agustín Codazzi.

“Es precisamente ahí donde está lo cuestionable, porque si bien esa escala de honorarios determina unas carreras específicas, lo cierto es que viene a ser lo mismo que quiso hacer la Alcaldía que establece independientemente del pregrado, su ubicación ya sea en el nivel técnico, especializado o profesional. Para este caso no, se establecieron unos honorarios que al parecer son en suma cuantiosa respecto de los que quedaron”, aseveró.

Según el profesional, una fuente le manifestó que la directora de Contratación, Yennifer Aya, se negó a suscribir el decreto 950 al estar en desacuerdo con la adopción de esta escala de honorarios y por lo cual en el acto administrativo no consta su firma. Además, allegó concepto.

Es de advertir que el decreto 951 fue suscrito por la secretaria Administrativa, Amparo Betancourt como alcaldesa encargada, el secretario de Hacienda, Juan Espinosa y la jefe de la Oficina Jurídica, Gloria Esperanza Millán.

¿Bachilleres ganan igual que profesionales?

EL NUEVO DÍA revisó algunos de los contratos y llama la atención sobre el contrato 2749 suscrito por Gerardo Erazo Lozano para realizar actividades de reconocimiento predial urbano y rural. A éste se le reconoce la suma de cinco millones de pesos por 45 días. Sin embargo, es bachiller como consta en los estudios previos. No obstante, el decreto establece que debería acreditar 36 meses de experiencia en dicha labor.

La dirección de Talento Humano en constancia advierte que “revisada la planta de personal de la Administración se pudo constatar que cuenta con personal con perfil de bachiller, pero no con la disponibilidad de tiempo y dedicación” para ejecutar la labor.

Sin embargo, es de advertir que a éste bachiller se le establecen metas para el reconocimiento de los honorarios.

Pero otro de los casos que genera suspicacias es el de Luis Edwin Llanos Enciso, quien fue contratado como reconocedor de predial tanto en lo urbano y rural al igual que Erazo y con el mismo salario; sin embargo, éste sí acredita el título de pregrado aunque solo seis meses de experiencia.

También llama la atención el contrato 2765 suscrito con Álvaro Gómez Rivera, para efectuar control en la grabación de datos, por la suma de dos millones 94 mil pesos con un plazo de 40 días y quien solo ostenta el título de bachiller.

El decreto 950 establecía como alternativa la contratación de un técnico con la acreditación de tres meses de experiencia en las labores a realizar, pero con el mismo pago.

“Esto ha obedecido más a una cacería de

brujas”, Director del Igac

El director Regional del Igac, Mauricio Mora, explicó que la contratación la realizó el Municipio debido a que el Instituto no contaba con el techo presupuestal para vincular el personal.

Añadió que los convenios suscritos siempre se rigen por las tablas salariales que el Igac establece y que están sustentadas en estudios. Además de acuerdo con la resolución 070 de 2011, los municipios pueden colaborar contratando y pagando el valor de una o de todas las actividades necesarias para la formación, actualización y conservaciones catastrales.

“Todo lo que tenga que ver con conservación y actualización se tiene que regir con las tablas salariales que nosotros tenemos. Esta tabla no sale de ningún capricho y de ninguna idea que surja de la noche a la mañana. A la gente le molesta y de pronto a un concejal le molesta, por la infinita ignorancia que existe sobre el tema, que se les pague hasta $8 millones pero es que es una modalidad que nosotros tenemos y es de esa manera porque si le pones a una persona $3 millones al mes y no le tienes un cumplimiento de metas, sencillamente te entrega uno o dos trámites y tienes que pagar la misma suma. En cambio aquí se le paga por cada uno de los trámites y al que mayor haga, obviamente con cumplimiento de calidades”, puntualizó.

Por último, argumentó que estos malestares obedecen a personal que no pudo ser contratado.

“Esto ha obedecido más a una cacería de brujas porque lógicamente cuando vienes con casi 400 personas trabajando y vas a bajar a 65, cuántas personas quedan insatisfechas porque no las reubican”, concluyó.