El contralor Municipal, Ariel Medina, en atención a una denuncia ciudadana y en revisión al proceso 2511 de 2015, cuyo objeto es la construcción del Tanque de la Fiscalía o Zona Industrial, determinó hallazgo disciplinario con posible alcance penal al celebrarse el contrato, al parecer, sin el cumplimiento de los requisitos legales.

De acuerdo con el funcionario “hubo notables descuidos de los funcionarios en la actividad contractual”, que permitió que una obra pactada inicialmente en nueve mil 970 millones pasara a 13 mil 91 millones de pesos.

De acuerdo con la Contraloría, se comprometieron tres mil 120 millones de pesos adicionales para cubrir las actividades faltantes y los costos generados en la consecución de los permisos para la ejecución de las obras.

Esto conllevó al Municipio a “asumir mayores cargas económicas”, pero no exime como presunto responsable a la Administración municipal.

En revisión de los documentos contractuales, se estableció que una vez fue suscrita el acta de inicio, el Consorcio Atria y la interventoría alertaron sobre aspectos “de grave afectación a la ejecución del proyecto”.

Entre estos, la no inclusión en su totalidad de las actividades para la construcción de la línea de respaldo para alimentar el tanque de almacenamiento, la falta de permiso para la intervención en la vía férrea, el Plan de Manejo de Tránsito y de aprovechamiento forestal, y la construcción de la caseta de Operación y Vigilancia del tanque.

Tampoco se contempló el sistema de energía eléctrica para la operación de la estructura, acometidas hidráulicas y sanitarias y la adecuación de la vía de acceso al Tanque, reposición de la malla de protección de la torres de energía existentes en el recorrido de la tubería de ingreso y salida del tanque.

“Para este ente de control, antes de llevarse a cabo la gestión contractual debió haberse previsto los inconvenientes hallados y evitar el pago mayor de lo contratado inicialmente, circunstancias que se enmarcan en una falta disciplinaria y posiblemente penal, por cuanto se faltó a los deberes y obligaciones que le asiste a los servidores encargados de la contratación y de la supervisión, y por cuanto se celebró el contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, es decir, violentando los principios de planeación, eficacia, responsabilidad y economía”, señala el órgano.

Por otra parte, en mesa técnica realizada con el exsecretario de Desarrollo Rural, Francisco Montoya, y quien tuvo a cargo la suscripción de los estudios previos del contrato, se excusó en que estos nacieron a partir de la radicación de los estudios de IEH Grucón por parte del Ibal.

Según Montoya, “tanto los diseños y el presupuesto fueron realizados por el área técnica del Ibal y de allí se generaron los estudios previos, como antesala del proceso licitatorio”.