El secretario de Tránsito, José Alexis Mahecha, explicó que las empresas no cumplieron con algunos requisitos de ley para continuar como operadores.

El funcionario señaló que con esta decisión no se afectará la continuidad del servicio, ya que las cerca de 400 busetas afiliadas a estas tres empresas podrán seguir transportando pasajeros.

No obstante, se les dio un plazo de seis meses para que se afilien a otras empresas de transporte.

Para el representante de Expreso Ibagué, Hernán Quiñones, lo que se pretende es “acabar con las empresas”, que han cuestionado las decisiones de la administración.

“Esto es una persecución contra una empresa que se ha opuesto desde un principio a todas las decisiones equivocadas de la Administración, hemos sido capaces de demandarle actos administrativos contrarios y que nos afectan, eso no les ha gustado”, señaló.

Según Quiñones, se le solicitó el recibo de pago del derecho de habilitación otorgado mediante resolución 108 de 2002, que no pudo allegar porque este se habría extraviado de la Secretaría de Tránsito y del cual reposa la denuncia; la certificación del patrimonio liquido que no aplica para las cooperativas; y las pólizas de responsabilidad civil y extracontractual que fueron acreditadas por cada vehículo.

Según Mahecha, los representantes legales de las empresas tuvieron tres meses de plazo para subsanar las fallas y los requerimientos y no lo hicieron.

Sin embargo, aún los empresarios cuentan con los recursos de reposición y de apelación y que deberán ser resueltos por el Secretario de Tránsito.

Por otro lado, el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo aclaró que solo se les impuso una sanción, pero que podrán operar si se ponen al día.