La Procuraduría Provincial, en fallo de primera instancia, sancionó por el término de dos meses al exgerente del Ibal, José Alberto Girón Rojas, por haberse posesionado como gerente de la empresa, al estar inhabilitado y haber sido declarado como responsable fiscal por parte de la Contraloría Departamental.

La sanción fue endilgada a título de culpa grave y deberá ser pagada en dinero, debido a que ya no ocupa el cargo. El monto se fijará de acuerdo con lo devengado por el exdirectivo y los gastos de representación asumidos para la época de los hechos.

La Procuraduría advierte que el proceso de responsabilidad fiscal adelantado por la Contraloría Departamental obtuvo fallo el 30 de septiembre de 2014; decisión que fue confirmada a través de auto el 27 de noviembre de 2015 y al cual fue allegado recurso de reposición.

Este último fue resuelto en grado de consulta el 22 diciembre del mismo año y el cual fue notificado y quedó ejecutoriado.

El Ministerio Público concluye que para el 7 de enero de 2016 cuando Girón tomó posesión del cargo, tenía un fallo que lo declaraba responsable fiscalmente y lo constituía inhábil para desempeñar cargos públicos.

“Para esta Procuraduría, acorde a las razones expuestas, se ha demostrado que con la conducta desplegada por el investigado (...) se infringió un precepto que regula un tema tan importante y vital como el de las inhabilidades, cuya imagen estatal se pone en entredicho con el solo hecho de tomar posesión y actuar en un cargo público, en abierta violación de la prohibición taxativa y clara de la ley 734 de 2002, cuya exigibilidad para el servidor público no admite equívocos, que afecta a su vez la función pública, en un tema tan sensible, importante y de común estudio como es el de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar”, reza el fallo.

De la falta grave

La Procuraduría estableció que no hubo dolo por parte del exgerente del Ibal, pero sí que “no actuó con la debida precaución y cuidado”, máxime cuando conocía del proceso de responsabilidad fiscal adelantado en su contra.

Para la Procuraduría, el hecho que la sanción no estuviese reportada en el boletín de responsables fiscales, en los certificados de antecedentes disciplinarios y fiscales, no podría tenerse como excusa válida, pues además de revisar éstos, le era exigible tener un cuidado debido a que era “previsible, probable o pronosticable” que en su contra pudiesen existir fallos con responsabilidad fiscal.

La apelación

Es de advertir que la lectura del fallo se dio el pasado 27 de diciembre en la Procuraduría Provincial, audiencia a la cual asistió Girón junto con la abogada y asesora del despacho del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, María Norby Portela Torres.

Durante la diligencia, Portela hizo uso del recurso de apelación el cual fue sustentado y deberá ser decidido por la Procuraduría Regional por lo que los efectos de la decisión quedan suspendidos hasta que se curse la segunda instancia.