Lo anterior por no allegar toda la información requerida por el ente de control con respecto a los contratos suscritos entre el Municipio entre 2007 y 2015 para la expedición de las especies venales.

Según el ente de control, el representante legal de la empresa “estaba en la obligación de brindar toda la información requerida por el ente de control oportunamente, pues fue informado del procedimiento adelantado y del tiempo corto para el trámite de la denuncia, así mismo se solicitó tiempo adicional para recaudar la misma y vencido este término, la información fue entregada fragmentariamente y no en porcentaje mayor al 30 por ciento, debido a que se requirió, como tampoco entregó en tiempo la información requerida”.

Es de destacar que la Contraloría estableció como presunto detrimento la suma de 220 millones 269 mil pesos por el no pago de estampillas proanciano y procultura por parte del contratista, al igual que del impuesto de industria y comercio entre los años 2015 a agosto de 2018.

Sin embargo, desde 2016 a 2018 el privado recibió cuatro mil 592 millones de pesos producto de la actividad contratada con el Municipio.