No obstante, el Ibal pagó 11 millones 803 mil pesos producto de dos multas por silencio administrativo positivo.

El silencio Administrativo positivo se encuentra regulado en el código de procedimiento administrativo y se da cuando la administración o la entidad hace caso omiso a resolver una solicitud elevada por una persona.

Es de destacar que de acuerdo con información suministrada por el Ibal, en la evaluación realizada por la Superservicios hacia septiembre de 2018 se detalló que el número de recursos interpuestos ante la entidad por inconformidad con la respuesta de la empresa correspondía a mil 878 y que reflejaba una disminución con respecto a 2017 cuando se elevaron dos mil 390 solicitudes por parte de los usuarios.