El Municipio fue obligado a reconocer a terceros cuatro mil 612 millones de pesos por sentencias judiciales y que estuvieron representadas en 122 pronunciamientos de jueces de la República. De igual manera, pagó mil 372 millones 349 mil pesos en 34 conciliaciones con los demandantes.

Según la jefe de la Oficina Jurídica, Gloria Esperanza Millán, se logró ahorrar $7 mil 509 millones en la defensa de los intereses del Municipio en 233 procesos.

En conciliaciones, el ahorro obtenido fue de dos mil 618 millones de pesos, pues las pretensiones de los 34 demandantes ascendían a los cuatro mil 26 millones de pesos.

Sin embargo, el valor pagado por sentencias judiciales ha ido en aumento en la actual administración. Para 2016 por decisión judicial, el Municipio desembolsó la suma de 2 mil 26 millones de pesos, en 2017 por valor de mil 621 millones y durante el año anterior por valor de cuatro mil 612 millones de pesos.

Y en cuanto al monto de lo conciliado, mientras en 2016 y 2017 se pagó 521 millones de pesos, con respecto a la vigencia anterior fue superada en 851 millones de pesos.

El concejal Humberto Quintero indicó que lo anterior permite inferir un bajo rendimiento por parte de la Oficina Jurídica en la defensa de los procesos, reflejado en el incremento del valor por conciliaciones y demandas.

“Se recomienda al Alcalde y de paso a la Contraloría hacer una auditoría especial, puesto que el Municipio está dejando de percibir estos recursos que podrían ser empleados en obras sociales”, dijo.

El cabildante agregó que se debe reorganizar la planta de personal de Oficina Jurídica con el fin de disminuir el pago de recursos públicos por sentencias judiciales.

Las pretensiones

De acuerdo con información de la Alcaldía, las pretensiones contra el Municipio ascenderían a la suma de 62 mil 183 millones de pesos, correspondiendo el 76.41% a demandas administrativas.

Del valor total, el Municipio proyectó que se podría conciliar una suma cercana a los 14 mil 302 millones de pesos dejando una contingencia por dicho valor en 2018.

El concejal Quintero llamó la atención en el monto por concepto de las demandas laborales y que podrían comprometer recursos por la suma de dos mil 663 millones de pesos.

Es de anotar que durante los primeros dos años de gobierno, Jaramillo fue criticado por despidos injustificados.

La Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo dictó pliego de cargos por los despidos masivos, acoso laboral y la existencia de trabajadores sin contrato.

Frase

"Se disparó el tema del pago por demandas y de conciliaciones tanto administrativas, civiles, laborales y otro tipo de litigios", Humberto Quintero.