La investigación apunta a presuntas irregularidades en concesión de agua, por lo que el representante de la autoridad ambiental indicó que los fundamentos del Ministerio Público para iniciar la pesquisa, serían inexactos en vista a que Cortolima "no ha renovado la referida concesión de aguas en este periodo".

Cardoso Rodríguez recordó que en 1990 se aumentó el caudal concesionado en 1.25 Lts/s. Luego, en 1998 aumentó a 10 Lts/s y "lo único que está autoridad ambiental ha dispuesto es negar un traspaso de la concesión a la Junta Administradora del Acueducto cuando hay un notorio conflicto con la Junta de Acción Comunal".

La Procuraduría cuestiona que la Corporación al parecer renovó la concesión de agua en el acueducto del barrio El Triunfo en Ibagué, sin tener en cuenta los estudios de Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, Irca, e Índice de Riesgo Municipal por Abastecimiento de Agua para Consumo Humano, Iraba.

Señalamiento al que el director de Cortolima respondió que la normatividad ambiental no contempla dentro de los requisitos para otorgar o renovar una concesión de aguas para uso doméstico dichos índices, teniendo en cuenta los indicadores Irca e Iraba, son propios del resorte de las Secretarias de Salud Municipal.

"La última actuación que hemos autorizado en ese trámite, es la aprobación de los planos y diseños de la obra de captación y control de la bocatoma, el pasado octubre de 2018.

"No comprendemos las razones que fundamentan la apertura de investigación. Ahora aparecemos como los 'malos del paseo' cuando las directivas de los acueductos se trenzan en disputas comunitarias afectando la integridad de nuestras instituciones", afirmó el Cardoso Rodríguez al conocer el pronunciamiento preliminar.