La Dirección de Juicios Fiscales de la Contraloría General revocó el fallo N° 015 del 2 de agosto del 2018 contra la Unión Temporal Murillo Toro por el detrimento que se generó en las obras de ampliación, adecuación y remodelación de estadio Murillo Toro en el marco de Juegos Nacionales 2015.

Inicialmente en este proceso el detrimento de las obras correspondía a un valor ascendente de $3 mil 017 millones, valor que mediante un fallo en primera instancia del 26 de marzo de este año se redujo considerablemente, teniendo en cuenta que hubo un “resarcimiento parcial del daño patrimonial correspondiente”, por parte del entonces contratista, dejando la cuantía en $2 mil 993 millones.

No obstante, la Dirección de Juicios Fiscales, procedió a resolver el grado de consulta y los recursos de apelación interpuestos, y revocó el fallo al no encontrar “el material probatorio suficiente para fallar con o sin responsabilidad fiscal”.

Además, la Contraloría determinó que existían falencias en la práctica de pruebas por parte del órgano colegiado del Tolima para determinar el proceso de responsabilidad fiscal a los vinculados.

Toda vez de que se presentara un peritaje por parte del contratista a través de la empresa Experiencia Profesional S.A.S, que concluye que no hay detrimento patrimonial, situación diferente a lo sustentado por la gerencia de la Contraloría del Tolima.

“Existen dos pruebas contradictorias, que si bien el peritaje se aporta con posterioridad al fallo, esto no quiere decir que no pudiera ser valorado (...) le corresponde a la Colegiatura, si así lo considera decretar y practicar las pruebas tendientes a demostrar la existencia o no del detrimento patrimonial acá investigado y su cuantificación sobre este punto”, se lee en el documento de la Contraloría.

Tener en consideración

La Contraloría General además solicita a la colegiatura analizar la conducta de otras personas vinculadas al proceso como la entonces supervisora del convenio 08 del 2015, Sandra Yolima Rodríguez, de quien refiere en un inicio se le imputa responsabilidad fiscal y posteriormente se falla a su favor, “sin analizar sus funciones ni practicar pruebas diferentes a las que ya se encontraban con anterioridad a la imputación”.

Además de resaltar que en el proceso tampoco se ha hecho ninguna vinculación a Yamile Lozano Guzmán y Maritza Rozo, también supervisoras adscritas a la Secretaría de Infraestructura y el Imdri, respectivamente.

“Le corresponde a la colegiatura analizar si hay lugar o no a la vinculación de otros presuntos responsables al procesos, quienes con su conducta pudieron haber ocasionado el daño acá investigado”.