La Contraloría Municipal en revisión a través de su equipo auditor y con las denuncias elevadas desde el Concejo Municipal en el 2018, que daban cuenta de posibles irregularidades en la contratación en la Secretaría de Gobierno, efectuó su respectivo seguimiento, hallando diferentes procesos de carácter administrativo con posible incidencia disciplinaria y fiscal por presuntos detrimentos patrimoniales.

Dichos procesos contractuales, se ejecutaron durante el actual Gobierno en diferentes años, así como en la Administración anterior.

Bodega de protección a personas

En el contrato que suscribió la Secretaría con Germán Alberto León en 2017, para el arrendamiento de una bodega donde se pretendía poner en funcionamiento el centro de protección a personas como parte de la implementación del código de Policía, la Contraloría evidenció un detrimento por $216 millones 417 mil.

Toda vez, que observó que en una primera adición hecha al contrato se incrementó el canon de arrendamiento sin justificación, para pagar arreglos locativos que según la Contraloría que pudo haber realizado el municipio, aunado a la falta de soportes necesarios para justificar dicho pago, así como una certificación de la inmobiliaria La Quinta que advirtió un mayor valor pagado a favor del contratista.

Sin evidencias

En este hallazgo, el equipo auditor observó un presunto detrimento patrimonial por $7 millones 500 mil, en un contrato que realizó la Secretaría con el entonces presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Luis Alfredo Huertas, con el que se pretendía realizar una actividad comunitaria en Llanitos.

Allí no se evidenció la ejecución del convenio en el tiempo programado, ni la inversión de los recursos de los que solo se sustentaron $500 mil de los $8 millones dispuestos.

¿Se ejecutó el contrato?

Con el fin de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, la Secretaría de Gobierno, firmó un contrato en 2017 con la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito (Unodc), no obstante la documentación entregada “no es suficiente como para establecer ciertamente si le contrato se ejecutó en su totalidad”, aseguró la Contraloría.

En la supervisión realizada la entidad desconoció la clase de contratación de los profesionales, el aporte de informes parciales, además de que no se justifica la inversión hecha por la Unodc, sobre los soportes del gasto de $125 millones 635 mil y donde existe un detrimento de $124 millones 994 mil, cifra restante al valor del contrato.

¿No se pagó todo lo de las estampillas?

La Contraloría en el contrato 1342 de 2018 por $186 millones 180 mil, aseguró que no se canceló el valor total de las estampillas pro anciano y pro cultura, incumpliendo con los acuerdos municipales, cifra que asciende a $370 mil 300.

Acción que se repitió y que también se establece como un posible presunto detrimento al patrimonio en un contrato también de 2018 que tuvo como objeto la compra de 3 camionetas para el cuerpo oficial de bomberos, en donde se incumplió con el pago de $2 millones 779 mil en estas estampillas.

Sin actas

El equipo auditor además revisó el proceso contractual con una profesional avaluado en más de $19 millones, en donde no se evidenció un acta de liquidación, ni certificado de cumplimiento del contrato, así como la ausencia de documentos que evidencian sus obligaciones, siendo así tanto la Secretaría como la contratista que pueden verse inmersas en un proceso de carácter administrativo.