Director del Coiba manifestó que la Alcaldía no destina recursos para atención de sindicados

Director del Coiba manifestó que la Alcaldía no destina recursos para atención de sindicados
Como ‘escasos’ señaló el director del Coiba de Picaleña, Robelly Alberto Trujillo, los recursos que recibe el Inpec para la atención de los reclusos sindicados.
ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
La atención de una persona detenida como sindicado cuesta alrededor de $1.500.000 al mes.
Foto: ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
16 Sep 2019 - 3:01am

Según Robelly Alberto Trujillo, director del Coiba de Picaleña, el centro penitenciario ya no estaría en condiciones de atender a las personas que actualmente están como sindicadas y que se encuentran privadas de la libertad mientras se resuelven sus procesos penales.

Dicha situación se presentaría de acuerdo con Trujillo porque el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, no ha recibido los recursos suficientes por parte de la Alcaldía de Ibagué para suplir las necesidades básicas de los reclusos.

Según lo establece la ley 65 de 1993, en el artículo 21, modificado en 2014, las cárceles y pabellones de detención preventiva están dirigidos exclusivamente a la atención de personas privadas por este tipo de detención, “los cuales están a cargo de las entidades territoriales”.

“Este personal sindicado son responsabilidad de los entes territoriales y es precisamente donde nosotros acudimos a las alcaldías y a las gobernaciones para que realmente retribuyan (…) Se han tocado las puertas en su oportunidad del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, pero la respuesta ha sido muy escasa para las necesidades que tenemos que cubrir”, manifestó el director.

Es de destacar que el artículo 17 de la ley ya mencionada especifica que “las entidades territoriales podrán celebrar convenios de integración de servicios, para el mejoramiento de infraestructura y el sostenimiento de los centros de reclusión”.

En esta medida Trujillo sostiene que los municipios que no tienen cárceles propias pueden hacer convenios interadministrativos con el Inpec, pero en la región serían muy pocos los municipios que estarían aportando recursos para la atención social de la población sindicada.

“Por supuesto que estas personas sindicadas lo que requieren también es atención social, y si están recluidas dentro de un centro penitenciario pues hay que darles elementos de cama, de aseo, hay que darles atención en salud, atenciones básicas, esa responsabilidad es netamente de los entes territoriales”, afirmó el funcionario.

Además, Robelly Trujillo dijo que el presupuesto que le asignan al establecimiento carcelario en su gran mayoría está destinado para personas condenadas, el cual incluye la inversión en procesos de resocialización. Así que es un carga extra para el Coiba el mantenimiento de los detenidos preventivamente.

“Las entidades territoriales deberán tener sus propios centros transitorios, es decir, que estas personas privadas de la libertad sindicados van a ir a centros de arraigo y esa es responsabilidad de atención es de las alcaldías y no la están asumiendo de tal manera. No estamos en condiciones y capacidad de poder cubrir todas estas necesidades”, concluyó el director.

Los sindicados que se encuentran recluidos en el Coiba de Picaleña serían cerca de 1.100 personas, de las cuales 170 son mujeres. Del total de esta población un 80% son de Ibagué.

De acuerdo con el Inpec para atender a los sindicados el instituto necesita mensualmente 1 millón 500 mil pesos para cubrir seguridad, alojamiento, alimentación, necesidades esenciales, costo que no están asumiendo las alcaldías.

Solo algunos municipios, entre ellos Alvarado, Mariquita, Ambalema, Cajamarca, estarían haciendo aportes aunque no suficientes para cubrir la atención de los reclusos.

 

Respuesta de la Alcaldía

Según el secretario de Gobierno de Ibagué, Juan Manuel Lozano, en 2018 y 2019 han sido los años en que más se han invertido recursos no sólo para atención de sindicados, sino de población en general a través de diferentes programas y mesas de trabajo.

Sobre la situación en cuestión, acotó: “Por supuesto la situación de atención carcelaria es una que tiene especial complejidad debido a la saturación general del sistema y a que siempre los aportes se hacen insuficientes. Pero, no se hace mención a la responsabilidad de la Gobernación en el tema, que ha sido la gran ausente en las mesas y en la articulación de la que ha hecho parte la Alcaldía y el Inpec.

 

Frase

"No estamos en condiciones y capacidad de poder cubrir todas estas necesidades", Robelly Trujillo

 

Dato

Serían cerca de 1.100 personas sindicadas a la que el centro penitenciario no ha podido atender adecuadamente por falta de recursos. 

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EL NUEVO DÍA