Luego de considerar que existe una vulneración al trabajo y a las condiciones dignas de salud del personal que labora dentro del centro penitenciario y los reclusos del Coiba de Picaleña, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito ordenó a las autoridades garantizar las medidas preventivas ante la contingencia de Covid-19.
En el lugar, producto del traslado de un interno que resultó portador de Covid-19 desde la cárcel de Villavicencio, 23 personas resultaron positivas para el virus: 20 guardias, dos trabajadores administrativos y una enfermera. 
La acción de tutela fue interpuesta por Alejandro Durán, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) en el Tolima, quien solicitó ante el Juez la entrega de elementos de protección personal y de bioseguridad para los 420 trabajadores del cuerpo de custodia y vigilancia, 80 auxiliares bachilleres, 65 trabajadores del área administrativa y los 5.250 personas privadas de la libertad. Además, de exigir el debido seguimiento a los casos positivos del centro penitenciario por parte de las secretarías de Salud del Municipio y Departamento y frenar el traslado de los reclusos al lugar.
“Aplaudimos este fallo porque beneficia al personal privado de la libertad y se da más confianza para la salud y la vida, nos queda la espera del cumplimiento por parte de los tutelados”, indicó Durán.
Entre las decisiones del Juzgado se ordenó al representante legal de Positiva Compañía de Seguros realizar una evaluación de los equipos de bioseguridad y contribuir en la compra de elementos de protección personal (Epp) de funcionarios del Inpec cuyas labores tengan lugar en el Coiba. 
También se ordenó que la Dirección general del Inpec cumpla con las recomendaciones de la ARL y suministre a los funcionarios, los Epp mensualmente los cuales deben durar 30 días calendario, misma situación que debe hacer el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPl 2019 con los más de 5 mil internos. 
La dirección del Inpec y el Uspec deberán abstenerse de autorizar traslado de reclusos al Coiba de Picaleña, mientras dure la emergencia sanitaria y en caso de hacerlo deberán verificar que el interno sea negativo y se le realice el respectivo aislamiento.
Asimismo la Secretaría de Salud municipal deberá remitir informes mensuales en donde explique los lineamientos para prevenir el virus al interior de la cárcel. Será la Defensoría del Pueblo quien supervise el debido cumplimiento al fallo de tutela.