Toda una polémica se ha suscitado por el pronunciamiento que ha hecho la Contraloría General de la República y el informe que se dio a conocer de la Contraloría municipal, donde por un lado ‘sacan’ a Ibagué de la lista de ciudades capitales con sobrecostos en los contratos suscritos ante la contingencia del Covid-19, y por otro, se habla de presuntos hallazgos fiscales por más de $600 millones.

El contrato en cuestión es el de $5.575 millones que suscribió la Alcaldía para la compra de 52 mil mercados o kits nutricionales destinados para la población vulnerable y del que algunos concejales han denunciado inconsistencias.

En respuesta a un cuestionario de EL NUEVO DÍA, el contralor General, Carlos Felipe Córdoba, aclaró que no ha hecho ningún control fiscal a dicho contrato y resaltó que su pronunciamiento se basó en otros procesos seleccionados y analizados hasta ahora por la  Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari).

“Quiero ser absolutamente enfático. La Contraloría General de la República no se detuvo en el análisis particular de un contrato para suministro de mercados suscrito por la Alcaldía de Ibagué, pues esa tarea la viene realizando, de manera autónoma e independiente, la Contraloría Municipal de esta ciudad. Nuestro pronunciamiento se dio sobre otros contratos seleccionados y analizados hasta ahora por nuestra Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), y en los que no encontramos presuntos sobrecostos (...) es contrario a la verdad afirmar que la Contraloría General de la República haya descartado hallazgos en relación con dicho contrato”, advirtió Córdoba.

Concejales piden intervención

Ante la situación, los concejales Javier Mora, Rubén Darío Correa y Jaime Tocora, y los diputados Renzo García y Carlos Reyes, elevaron un documento a la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía General, para que intervenga en los presuntos sobrecostos de mercados, que a juicio de los políticos tiene “contundentes pruebas”.

“Nos dice que no han investigado el contrato y no sé por qué nos dicen que no hay sobrecostos en Ibagué, no sabemos si se envió el informe o cómo fue, porque no tenemos confianza con lo que vaya a suceder en la Contraloría municipal, porque ese contralor es de bolsillo, exigimos claridad sobre ese tema”, indicó Mora.

En el documento, los funcionarios públicos mostraron su preocupación por el cambio de los funcionarios que participaron del informe y pusieron de evidencia para que se inicie la investigación, la carta de observaciones que emitió la Contraloría municipal y el informe de la fundación Paz y Reconciliación, ambos advierten posibles sobrecostos.

Ante esta solicitud, el contralor General no descartó que pueda desplazar funcionarios para hacer el respectivo control fiscal. “Eventualmente, si alguno de los sujetos calificados determinados en el artículo 23 del decreto Ley 403 de 2020 lo solicita y se cumplen los requisitos señalados en el capítulo 7 del mismo cuerpo normativo, la Contraloría General podría decidir desplazar en sus competencias a la contraloría territorial y asumir el conocimiento del asunto”, puntualizó Córdoba.