Contraloría revocó fallo contra la Unión Temporal Murillo Toro

Crédito: Jorge Cuéllar / EL NUEVO DÍA Para el 2015 en el marco de los Juegos Nacionales, el Imdri suscribió un contrato con la U.T. Murillo Toro por $14 mil 512 millones para ampliar, adecuar y remodelar el ‘Coloso de la 37’.
El abogado defensor de los contratistas en la solicitud de revocatoria argumentó que en los actos administrativos no existió una prueba que acredite un daño patrimonial en obras de remodelación del ‘Coloso de la 37’.
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La Unidad de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República (CGR) a través del auto del 9 de septiembre del 2020 revocó el fallo 030 del 17 de octubre de 2019 y el auto URF2 00099 del 23 de junio del 2020 que declaraba la responsabilidad fiscal de la Unión Temporal Murillo Toro en presuntas irregularidades en el contrato de remodelación y adecuación del estadio Manuel Murillo Toro en el marco de los Juegos Nacionales de 2015.

En los actos administrativos tanto la Gerencia Departamental Colegiada del Tolima como la Contraloría Intersectorial de la CGR, se establecía la existencia de un daño patrimonial por $2.865 millones.

Según las partes, luego de que la Unión Temporal conformada por las sociedades Arca-arquitectura e ingeniería S.A. (antes Río Arquitectura e ingeniería S.A.) y M&A proyectos S.A.S. se le pagara por concepto de ítems del contrato $6.558 millones cuando los costos reales en su ejecución únicamente ascendieron a $4.062 millones.

Tras lo expuesto el abogado defensor de las empresas contratistas, Álvaro Mejía Mejía, solicitó que se revocaran los actos, pues a su juicio no existió daño al patrimonio y las obras fueron recibidas por el Municipio, decisión en la que le dio la razón la CGR.

En diálogo con EL NUEVO DÍA, Mejía calificó los fallos como “absurdos” e incluso señaló que estos contratistas han tenido que soportar por años tener sus cuentas embargadas.

“Es un fallo absurdo toda vez que las obras fueron entregadas a satisfacción cumpliendo con todos los requerimientos técnicos, están en funcionamiento. Las obras fueron en su momento entregadas y recibidas y el contrato fue liquidado”, acotó el profesional.

Entre los argumentos del abogado, no se configuró un daño patrimonial teniendo en cuenta que el valor de los precios unitarios del contrato fueron estimados y aceptados por el Imdri, quien como contratante estaba en la obligación de realizar estudios previos de mercado, mismos que se realizaron a través de una consultoría en 2013.

Además por qué los precios unitarios fijados no se supeditaron al valor de los subcontratos u órdenes de compra pagadas por el contratista y la Unión Temporal no percibió una utilidad mayor a la pactada en el contrato.

“El detrimento patrimonial se da cuando se llega a pagar valores que están por encima de los precios del mercado, los mismos fallos señalaban que no había sobrecostos y que no se había pagado por encima de los precios. El contratista por tener una buena gestión en sus compras administrativas había obtenido unos precios más favorables a los que estaban pactados”, puntualizó Mejía.

 

También favorecidos por la decisión de la CGR

La decisión de revocar el fallo de responsabilidad fiscal, además de favorecer a la Unión Temporal, también beneficia al exalcalde de Ibagué, Luis H. Rodríguez; al exgerente del Imdri, Carlos Heberto Ángel; al exsupervisor del contrato, Mauricio Campos del Cairo; a la supervisora Sandra Yolima Rodríguez; al exdirector de Fonade, Alfredo Bula, y a los contratistas Eusebio Agresott García y María Sandra Rúa Martínez.

 

¿Demandar a la Contraloría?

El profesional del derecho indicó que con las empresas afectadas se analiza hasta el momento la posibilidad de demandar a la Contraloría. “Estamos auscultando la posibilidad de demandar a la Contraloría y a los funcionarios que actuaron en contra y de manera manifiesta como lo reconoce el fallo revocatorio en contra de la constitución y la ley, estamos mirando las opciones que les vamos a plantear”, puntualizó el jurista.

 

Dato:

En agosto, la Fiscalía le endilgó a cinco particulares y dos servidores públicos varios delitos contra la administración pública por las irregularidades en la remodelación y adecuación del estadio.

 

REDACCIÓN IBAGUÉ

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