La Veeduría Agua Para Ibagué (VAPI) radicó un derecho de petición en la Contraloría de Ibagué, en la que señala que los reductores de velocidad instalados durante el gobierno de Guillermo Alfonso Jaramillo, están generando graves afectaciones a la carpeta asfáltica de las vías de la ciudad.

De acuerdo con la veeduría, la totalidad de los reductores de caucho se dañaron sin alcanzar a cumplir año y medio de ser instalados, y fueron cancelados por un alto valor. “Estos reductores de velocidad, se pagaron aproximadamente a $224.000 por metro lineal”, indicó VAPI.

Al ser perforada la carpeta asfáltica para instalar los pernos metálicos para la sujeción de los reductores, manifiesta la veeduría que con el paso de los vehículos dichas perforaciones se ensancharon, lo que generó filtraciones de agua que humedecieron la base de la estructura de la vía.

No obstante, en un recorrido realizado por EL NUEVO DÍA por algunos puntos donde están instalados los reductores, se aprecian hundimientos del pavimento, grietas, deterioro, y algunos ya son un híbrido entre asfalto restaurado y reductor.

Ante esta situación, VAPI manifestó: “Solicito hacer efectiva la póliza de estabilidad y calidad de los materiales de este contrato y por consiguiente exigir el restablecimiento de la carpeta asfáltica correspondiente”.

Contraloría inicia indagación

El contralor de Ibagué, Iván Darío Delgado, indicó que la denuncia fue recepcionada y que ya asignó un grupo de auditoría para que empiece a solicitar la información correspondiente a los contratos que permitieron la instalación de los reductores. 

“Qué entraremos a revisar, el contrato como tal, los informes de ejecución, si existió algún tipo de observación por parte del supervisor, de igual manera el estado del proceso contractual.

Después investigaremos las situaciones particulares que denuncia la veeduría, como sobrecostos, presuntas irregularidades en la calidad de los elementos que fueron instalados, la ejecución del contrato, y si esto generó daño a la carpeta asfáltica”, explicó el Contralor.

Según Delgado en diciembre se podría dar a conocer el resultado de esta auditoría.

Antecedentes de la problemática

En agosto de 2019 esta redacción registró la afectación de los dispositivos viales en varias vías principales de la ciudad. El secretario de Movilidad en su momento, José Alexis Mahecha, aseguró que algunos reductores afectados eran de competencia de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, (Ansv), y sobre los contratados por la Alcaldía dijo que el contratista debía brindar garantía.

Tras un año de publicado este registro del deterioro de los reductores es evidente. Cabe recordar que en 2018 la Secretaría de Tránsito adjudicó un contrato por $760 millones, que incluía la instalación de estos dispositivos.

Sin embargo, el Contralor hizo alusión a otro contrato, “este es un contrato de la vigencia 2019, que no había sido observado ni se le ha hecho ningún seguimiento en virtud del control posterior selectivo. Desafortunadamente no todos los contratos pueden ser observados y verificados por el órgano de control, por eso es importante la participación ciudadana”.

Finalizó diciendo que dentro de las facultades de la Contraloría no está hacer efectivas pólizas de obras públicas, pero que informará a la Administración Municipal para que tome las medidas pertinentes si se encuentran hallazgos en la auditoría.

En otros puntos de la ciudad el dispositivo está deformado y hay grietas en el pavimento donde ya no existe placa de caucho.