La decisión se determina luego de que se considerara que desde la Secretaría no se dio una respuesta de fondo a un derecho de petición hecho por Sandra Patricia Castro, quien solicitó información sobre el proceso contractual que adelantó la dependencia para la prestación de servicio de vigilancia y seguridad privada.

Si bien la decisión fue impugnada por la titular de la cartera, quien argumentó que sí respondió el derecho de petición, el Juzgado consideró que: "la entidad accionada limitó su respuesta", pues indicó que lo hizo en medio del proceso contractual y en respuesta a las observaciones de la empresa Aguialarmas, pero no en el derecho que le asiste a Castro en su condición de peticionaria de acceder a la información.